Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, manifestó su desacuerdo con la medida de coerción dictada por el tribunal en la madrugada de este jueves para los implicados en el caso Jet Set, Camacho argumenta que la decisión no refleja el daño significativo causado a la sociedad dominicana y a las víctimas de la tragedia del 8 de abril.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la medida impuesta. El tribunal no valoró adecuadamente la magnitud del daño que estos hechos han provocado a la sociedad, a las más de 235 personas fallecidas, más de 180 heridas y más de 130 niños huérfanos”, expresó Camacho.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió imponer medidas de coerción de presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de 50 millones de pesos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set.
Camacho anunció que el Ministerio Público apelará la decisión, considerándola una ofensa a la memoria de las víctimas. “Esta decisión se burla de las víctimas”, enfatizó.
A pesar de su desacuerdo, Camacho reconoció que el tribunal valoró la calidad de la investigación presentada por el Ministerio Público y validó la calificación jurídica del caso. Además, la jueza aceptó declarar el proceso como caso complejo, lo que permitirá extender los plazos de investigación.
El funcionario también resaltó que la jueza se unió al llamado de la procuradora general para urgir una reforma al Código Penal, argumentando que la normativa actual limita las herramientas legales frente a hechos de esta magnitud.
Pasada la 1:30 de la madrugada, la jueza Veloz dictó las medidas de coerción. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel.
La tragedia en el centro de entretenimiento Jet Set es considerada una de las más graves en espacios privados en el país en las últimas décadas, y ha llevado a acciones judiciales por presunta negligencia estructural y responsabilidad penal y civil.