El Servicio Federal de Seguridad (FSB) lidera la ofensiva legal, sosteniendo que el cifrado de la aplicación ha creado un refugio para criminales. Según el organismo, la "ilusión de anonimato" ha atraído a un "ejército de radicales, drogadictos y asesinos", convirtiendo a la herramienta en una amenaza directa para la estabilidad social.