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El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó serias preocupaciones sobre el proyecto presentado por la Junta Central Electoral (JCE) para reglamentar las candidaturas independientes a través de asociaciones cívicas, calificándolo como un texto que debe ser revisado a fondo por contener "elementos discriminatorios, incongruencias legales y limitaciones" que podrían afectar los derechos ciudadanos.
Esta iniciativa responde al mandato de la sentencia TC/0788/2024 del Tribunal Constitucional, que obliga al Congreso Nacional a establecer mecanismos para permitir la participación electoral sin vinculación partidaria. No obstante, según Participación Ciudadana, el borrador legislativo presenta múltiples fallas que requieren un análisis riguroso.
Uno de los principales señalamientos es que las asociaciones cívicas deberían constituirse conforme a la Ley 122-05 sobre organizaciones sin fines de lucro, un proceso que el movimiento considera innecesariamente complicado y poco ágil para fines exclusivamente electorales y temporales.
Además, se critica que estas candidaturas deban reunir firmas equivalentes al 2 % del padrón electoral en apenas 30 días, mientras que los partidos políticos disponen de más tiempo y solo deben reunir el 2 % de los votos válidos de elecciones anteriores. Esta diferencia fue calificada por el grupo como discriminatoria.
Otro aspecto polémico es el límite de solo tres candidaturas independientes por demarcación, con la obligación de realizar un sorteo si hay más aspirantes que cupos disponibles. Para Participación Ciudadana, esta medida "atenta contra los derechos de quienes han cumplido con todos los requisitos legales, relegando su participación al azar".
También rechazan que las asociaciones puedan presentar solo una candidatura por nivel electoral, incluso en cargos plurinominales como regidurías o diputaciones, y que solo se les permita obtener un escaño sin importar el respaldo obtenido en votos. Esta disposición se considera "irrazonable y contraria a los principios de igualdad" establecidos en la Constitución.
El grupo también advierte sobre la ambigüedad jurídica del proyecto, que propone una nueva figura organizativa pero luego trata las postulaciones como si fueran individuales, lo cual contradice el carácter colectivo que caracteriza a las candidaturas institucionales.
Ante estas observaciones, Participación Ciudadana instó al Congreso a revisar a fondo la iniciativa, a tomar en cuenta los aportes de especialistas en derecho constitucional y a asegurar que el marco normativo garantice condiciones equitativas para todos los aspirantes.
"Este año es propicio para que se logre un acuerdo nacional que consolide el progreso del sistema electoral dominicano", declaró el Consejo Nacional del movimiento en su comunicado.
