El Juzgado de la Instrucción de Barahona dictó auto de apertura a juicio contra los integrantes de una red criminal desmantelada en 2023 mediante la operación Metal Blanco, acusados de narcotráfico y lavado de activos por más de mil millones de pesos.
Los procesados son José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola), y la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur SRL (Replacovemesur), utilizada como fachada para el lavado de dinero.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel acogió la acusación en su totalidad y mantuvo el secuestro de los bienes incautados. La investigación reveló que la red operaba en la región sur del país y estaba implicada en al menos tres grandes decomisos de cocaína, incluyendo uno de más de 254 kilos en julio de 2023, en Barahona.
Según el expediente, los acusados no pudieron justificar el origen lícito de sus bienes. En total, la estructura movió más de RD$1,221 millones y US$96,665 en el sistema financiero nacional. Destacan los casos de Yoan Moisés Ferreras Báez, con más de RD$830 millones en movimientos, y José Augusto Romero Cedeño, con RD$116 millones y más de US$34 mil en ingresos.
Asimismo, se identificaron transacciones sospechosas en la empresa Replacovemesur por más de RD$35 millones. La acusada Ruz Esther Matos registró ingresos por RD$1.3 millones. En tanto, Cledyn Pérez Féliz fue declarado en rebeldía y su expediente fue desglosado.
El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Antilavado de Activos y la Fiscalía de Barahona, expuso una amplia batería probatoria con documentos, testimonios, peritajes, materiales audiovisuales e ilustraciones. Los fiscales afirmaron que las evidencias demuestran la participación activa de cada imputado.
El equipo investigador fue encabezado por Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Antilavado, y Wellington Matos, fiscal titular de Barahona, junto a los procuradores Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora.
El Ministerio Público solicitará el decomiso de más de 30 bienes muebles e inmuebles vinculados a la red, valorados en miles de millones de pesos.