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El abogado Yuri Enrique Rodríguez explicó este martes en “El Matutino de la 91” que la derogación del artículo 767 del Código Civil por parte del Tribunal Constitucional ha generado un vacío legal en los procesos de sucesión en la República Dominicana, al no haberse legislado aún un nuevo marco que defina los derechos hereditarios del cónyuge sobreviviente.
Rodríguez recordó que dicho artículo establecía que, si una persona fallecía sin dejar parientes en grado hábil o hijos naturales, los bienes de la sucesión pasaban al cónyuge sobreviviente.
Sin embargo, señaló que esta disposición imponía condiciones previas que limitaban ese derecho.
“El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este artículo porque entraba en contradicción con los artículos 38 y 55 de la Constitución, que garantizan la dignidad humana y los derechos de la familia”, explicó.
El jurista destacó que la sentencia del Tribunal, emitida en mayo de 2023, instruyó al Congreso Nacional a legislar para que el cónyuge, ya sea en matrimonio formal o en unión de hecho, pueda heredar sin los requisitos establecidos anteriormente.
“Se instruyó al Congreso para que legisle de manera que el cónyuge pueda heredar en igualdad de condiciones, pero hasta el momento no se ha hecho nada”, puntualizó Rodríguez.
Asimismo, indicó que el Tribunal Constitucional otorgó un efecto diferido a la sentencia, lo que significa que, aunque se declaró la inconstitucionalidad del artículo, esta no entró en vigor de forma inmediata.
“Esto se hace para evitar un vacío legal, pero justamente es lo que tenemos hoy, porque el Congreso no ha actuado”, afirmó el abogado.
Rodríguez explicó que, ante esta falta de legislación, los jueces deberán recurrir a la interpretación del fallo del Tribunal Constitucional para resolver los casos de herencia. “Los tribunales tendrían que fallar en ese sentido, reconociendo el derecho del cónyuge a heredar, aunque existan parientes o hijos”, señaló.
Finalmente, el abogado advirtió que esta situación evidencia la necesidad de actualizar los códigos jurídicos dominicanos, muchos de los cuales, como el Código Civil, mantienen una estructura napoleónica desfasada.
En ese sentido, propuso que el país avance hacia un modelo de leyes más específicas y adaptables, como ya ocurre en otras naciones de América Latina, para responder con mayor rapidez a los cambios sociales y jurídicos actuales.