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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que toda persona involucrada en el uso indebido de recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) deberá responder ante la justicia, al ofrecer detalles sobre la investigación por corrupción administrativa conocida como Operación Cobra, que habría desviado más de 15,000 millones de pesos.
“Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tiene que responder ante la justicia. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad”, manifestó.
De acuerdo con las evidencias recopiladas, los imputados captaban fondos mediante sobornos bajo el alegato de realizar recaudaciones con fines políticos. Esos recursos, según el expediente, se destinaron al enriquecimiento personal mediante la adquisición de propiedades, la creación de empresas de carpeta y diversas inversiones que continúan bajo investigación.
El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Reynoso explicó que con este proceso se comienzan a aplicar las disposiciones establecidas en la recién promulgada Ley núm. 97-25, que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.
“Lo que sí damos certeza es que habrá más personas imputadas porque ya los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas”, señaló la procuradora al referirse al curso de las pesquisas.
La titular del Ministerio Público agregó que también se investigan médicos, otros profesionales del área de la salud y múltiples centros sanitarios, y explicó que el caso se judicializa en partes separadas debido a su amplitud.