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El exministro de Trabajo y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Winston Santos, reiteró este lunes en El Sol de la Mañana, la importancia de implementar un seguro de cesantía como mecanismo seguro y garantizado para los trabajadores, al tiempo que criticó algunas modificaciones introducidas en el proyecto del nuevo Código de Trabajo por la actual administración.
Santos explicó que, a diferencia de otras propuestas, el seguro de cesantía permitiría que los trabajadores reciban sus prestaciones de manera efectiva y sin conflictos legales, a partir de que comiencen las cotizaciones al sistema.
Según señaló, el capital semilla para este seguro podría provenir de recursos excedentes de IDO-PRIL, utilizados para garantizar que cada trabajador cobre lo que le corresponde, sin alterar los derechos ya adquiridos por los empleados en sus contratos actuales.
El exministro fue enfático al señalar que nunca hubo un consenso real sobre la cesantía con el sector empleador.
“El sector empleador siempre ha buscado ponerle un tope, pero la cesantía es infinita en el tiempo. Lo que tenemos que garantizar es que lo que el trabajador ya adquirió no se le pueda quitar”, aseguró Santos. Además, destacó que un seguro de 60 días sería posible y suficiente, asegurando la protección de los empleados sin afectar de manera significativa a los empleadores.
Santos también criticó que la actual administración, al presentar el proyecto al Senado, incorporara modificaciones que no formaban parte del consenso alcanzado previamente entre trabajadores y empleadores, lo que, según él, genera conflictos y pone en riesgo la efectividad del Código de Trabajo.
Resaltó que las discusiones anteriores con todos los sectores habían dejado claro que el foco debía estar en garantizar derechos, simplificar procedimientos y asegurar la cobranza de prestaciones, no en introducir cambios que carecen de acuerdo.
En ese sentido, Santos recomendó que el Senado retome criterios previos del proyecto de 1992, considerado más equilibrado, y se enfoque en ajustes técnicos y ágiles para la justicia laboral, antes de añadir nuevas disposiciones que podrían complicar la implementación del seguro de cesantía y otros derechos de los trabajadores.