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El especialista en temas de seguridad Wilson Pérez adelantó que la nueva Ley de la Policía Nacional introduce cambios sustanciales en la estructura jerárquica y el escalafón policial, incluyendo la modificación de las actuales figuras de directores centrales, directores regionales y del jefe de la Policía, lo que representa una transformación relevante en el mando institucional.
Durante una llamada al programa El Sol de la Mañana, Pérez reveló como primicia que la reforma contempla una reorganización de los rangos, estableciendo un nuevo nivel denominado “general superior”, que se ubicaría por encima del mayor general. Explicó que el proyecto también fija tiempos mínimos de servicio para cada ascenso, desde el nivel básico hasta la cúspide del escalafón, con el objetivo de ordenar la carrera policial y profesionalizar aún más la institución.
Precisó que estos cambios no alteran el principio fundamental de que “el cargo prima sobre el rango”, y advirtió que cualquier modificación debe evitar distorsiones jerárquicas innecesarias. En ese sentido, cuestionó propuestas que pretendan equiparar rangos policiales con los de las Fuerzas Armadas, al considerar que no responden a la lógica institucional.
El periodista Pedro Jiménez explicó que la nueva reforma de la Policía Nacional introduce un escalafón policial con tiempos mínimos obligatorios de permanencia en cada rango antes de ascender al inmediato superior.
Detalló que la estructura inicia en la escala básica con el agente patrullero quinto, cuarto, tercero, segundo y primero, cada uno con un mínimo de cinco años de servicio, seguido del rango de cabo, también con cinco años. En la escala de oficiales, indicó que el segundo teniente requerirá cinco años, mientras que los rangos de capitán, mayor, teniente coronel, general y mayor general tendrán un tiempo mínimo de cuatro años por categoría.
El panelista advirtió que el proyecto incorpora un nuevo rango denominado “general superior”, que se convertiría en el máximo escalón jerárquico de la institución. Explicó que, si el mayor general ostenta dos estrellas, la creación de un rango adicional implicaría la asignación de una tercera estrella, lo que —a su juicio— genera interrogantes sobre la coherencia del sistema jerárquico, al tratarse de una elevación de rango que no responde necesariamente a una función distinta, sino a una modificación estructural de la carrera policial.
En cuanto a la asignación de escoltas a generales y exjefes policiales retirados o pensionados, Wilson Pérez explicó que la ley establece cantidades específicas según el cargo ocupado: hasta 12 agentes para un exjefe de la Policía, nueve para un subjefe y tres para los generales. No obstante, aclaró que en la práctica la mayoría de los oficiales renuncia a ese número, debido al costo económico y logístico que implica mantener personal asignado de manera permanente.
Indicó que muchos exjefes prefieren contar con uno o dos agentes, e incluso algunos prescinden totalmente de escoltas, decisión que es válida dentro del marco legal. Señaló casos de antiguos jefes policiales que hacen vida pública normal sin acompañamiento, como muestra de que la ley no obliga al uso de la escolta completa.
Wilson Pérez subrayó que en el país no existe un patrón de represalias del crimen organizado contra oficiales retirados que actuaron conforme a la ley. Afirmó que los verdaderos riesgos surgen cuando hubo vínculos irregulares entre autoridades y estructuras criminales, y luego se produce una ruptura de esas relaciones.
Concluyó señalando que la reforma policial debe avanzar con equilibrio, criterio técnico y sentido humano, garantizando seguridad donde sea necesaria, reconociendo el mérito institucional y evitando excesos que afecten la sostenibilidad del sistema.