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La panelista de El Rumbo de la Mañana, Virginia Antares, analizó un informe del entonces Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) que evalúa la calidad del empleo en la República Dominicana, y advirtió que el país enfrenta un problema estructural de precariedad laboral.
El informe construye un Índice de Calidad del Empleo a partir de cinco componentes:
Con base en esos criterios, el estudio concluye que solo el 39 % de los empleos en 2023 fueron de calidad media o alta, mientras que el 61 % restante se clasifica como empleo precario. “La calidad del empleo en la República Dominicana es estructuralmente muy baja”, afirmó Antares.
Según explicó la comunicadora, el componente peor evaluado es el ingreso. “El peor componente de la calidad del empleo en la República Dominicana es el ingreso, los bajos salarios”, subrayó.
A su juicio, el informe “viene a sustentar con datos y análisis técnico lo que venimos reclamando: uno de los principales retos para mejorar la vida de las familias es diseñar una política salarial que eleve los niveles de ingreso en el país”.
El estudio también revela diferencias por sector. En términos generales, el empleo de mayor calidad se concentra en el sector público, seguido del sector privado. En contraste, el servicio doméstico y el trabajo independiente presentan los peores indicadores. Antares destacó que en el servicio doméstico laboran más de 200 mil personas, “mayoritariamente mujeres”, en condiciones de alta precariedad.
Un hallazgo que llamó la atención de la panelista es que, aunque el empleo público ha mejorado en promedio, la estabilidad laboral dentro del Estado ha retrocedido. “Eso se conecta con la falta de carrera civil y con el uso de los empleos como botín político”, señaló.
Por actividad económica, los sectores con mayor precariedad son agricultura y ganadería, donde el 88 % del empleo es precario; construcción, con 83 %; y transporte y comunicaciones, con 75 %.
Para Antares, estos datos evidencian “un modelo económico que crea riqueza a partir de trabajo mal pagado, flexible y desprotegido”, lo que exige políticas públicas específicas para revertir esa tendencia.
La panelista resumió los hallazgos en dos prioridades. La primera, universalizar la seguridad social, especialmente para el trabajo doméstico y los trabajadores independientes.
“Más de 200 mil mujeres dedicadas al trabajo doméstico necesitan protección social”, afirmó. La segunda, mejorar los salarios mediante una política salarial integral. “El verdadero desarrollo no es solo que la gente tenga empleo, sino que pueda vivir con dignidad de ese trabajo”, concluyó.