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El jurista y dirigente político Vinicio Castillo Semán afirmó este lunes en El Sol de la Mañana que el país estaba a la espera de una “respuesta contundente” frente al presunto entramado de corrupción que habría operado en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que hoy mantiene a ocho personas detenidas, incluido el exdirector Santiago Hazim.
Castillo calificó el caso como “un fraude de gran escala” que impactó directamente el sistema de salud dominicano y, en particular, a los sectores más vulnerables. Señaló que la indignación social es mayor al tratarse de fondos destinados a servicios esenciales para la población de menores recursos.
“No es un caso común de corrupción; aquí hay sufrimiento de mucha gente pobre a la que se le negó o dificultó un servicio que debía recibir”, sostuvo.
El analista consideró que el Gobierno sale fortalecido en su discurso de “cero impunidad”, destacando que el presidente Luis Abinader actuó “con responsabilidad” pese a su cercanía personal con Hazim, a quien definió como “un amigo muy querido” del mandatario. A su juicio, Abinader cumplió su obligación constitucional como jefe de Estado al apoyar la investigación y avalar que el Estado se constituya en parte civil.
Castillo rechazó las críticas que señalan supuesta interferencia del Ejecutivo en el proceso judicial. “El Estado es la víctima y tiene todo el derecho de querellarse y reclamar lo que se le sustrajo”, afirmó, al tiempo que insistió en que serán los jueces quienes decidirán sobre la acusación y las garantías de los imputados.
Sobre la percepción de que el Ministerio Público solo perseguía a funcionarios del pasado gobierno, consideró que el caso SeNaSa desmonta esa creencia. “Actuar contra un expediente grande, contra un pez gordo y una figura cercana al poder, como el señor Hazim, demuestra que el Ministerio Público independiente está cumpliendo con su deber”, expresó.
Castillo también abordó la colaboración que algunos imputados han manifestado. Explicó que, desde el punto de vista legal, aportar información y documentos puede incidir en el trato procesal, aunque advirtió que ello no implica impunidad. Asimismo, aclaró que las delaciones premiadas, contempladas por el Código Procesal Penal, permiten acelerar la recuperación de fondos sustraídos, práctica común en otros países, pero subrayó que no deben traducirse en libertad total para responsables de grandes fraudes.
El dirigente señaló fallas de supervisión como uno de los factores que permitieron que el presunto entramado creciera sin ser detectado a tiempo. “Evidentemente falló la supervisión; la superintendencia debió detectar esas situaciones”, comentó.
Castillo concluyó resaltando que, aunque el proceso apenas inicia, la actuación del Ministerio Público y la postura del Ejecutivo envían un mensaje claro de que el caso tendrá consecuencias penales y patrimoniales.