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El abogado Víctor Eddy Mateo analizó este jueves en El Sol de la Mañana la entrada en vigencia de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas en la República Dominicana, destacando como un hecho poco usual que la normativa comience a aplicarse acompañada, desde el primer día, por su reglamento de aplicación.
Eddy explicó que la ley, aprobada en julio del pasado año, entró en ejecución tras cumplirse el plazo de 180 días otorgado por el Congreso, y resaltó que la promulgación inmediata del reglamento por parte del Poder Ejecutivo representa un hito institucional, ya que históricamente muchas leyes permanecen años sin ese instrumento clave para su aplicación.
El jurista señaló que uno de los cambios más relevantes de la nueva legislación es la ampliación de las prohibiciones para contratar con el Estado. A diferencia de la ley anterior, que permitía a funcionarios mantener participación accionaria limitada en empresas proveedoras, ahora queda prohibida cualquier contratación de empresas vinculadas a funcionarios mientras estos permanezcan en el ejercicio de sus cargos.
Indicó que esta disposición provocó la inhabilitación inmediata de numerosos registros de proveedores del Estado, como parte del proceso de adecuación al nuevo marco legal.
Víctor Eddy advirtió que, aunque la ley fortalece el régimen de consecuencias con sanciones administrativas y penales, existe una posible contradicción con el nuevo Código Penal, aprobado posteriormente, que contempla penas más severas para conductas similares.
Explicó que esta incongruencia podría generar conflictos jurídicos, ya que por un mismo hecho podrían aplicarse sanciones distintas dependiendo de la norma utilizada, lo que obligaría a los tribunales ordinarios e incluso al Tribunal Constitucional a dirimir esos casos.
Al abordar la práctica de las licitaciones, el abogado sostuvo que, pese a los avances normativos, los pliegos de condiciones continúan siendo un punto vulnerable del sistema, debido al alto nivel de discrecionalidad que aún existe en su elaboración.
Indicó que requisitos como la experiencia previa pueden terminar favoreciendo a un número reducido de empresas, aunque reconoció que la ley permite modalidades como consorcios e incluso licitaciones internacionales, lo que podría ampliar la competencia si se aplica con criterio transparente.
En otro orden, Eddy se refirió al proyecto de Ley de Libertad de Reunión, señalando que su objetivo es desarrollar un derecho fundamental ya consagrado en el artículo 48 de la Constitución.
Afirmó que la iniciativa es jurídicamente correcta, ya que no busca restringir el derecho, sino regularlo mediante una ley que establezca reglas claras, incluyendo el deber de notificación a las autoridades y un régimen de consecuencias. No obstante, consideró poco disuasivas algunas sanciones propuestas, al entender que multas bajas podrían no prevenir conductas ilícitas durante manifestaciones.
Finalmente, el abogado abordó el debate en torno a la cesantía laboral, expresando su respaldo a la postura de Pepe Abreu, quien rechaza excluir a las micro y pequeñas empresas de esta obligación.
Eddy sostuvo que eliminar la cesantía dejaría desprotegidos a miles de trabajadores, recordando que, para muchos empleados, esta compensación representa la única posibilidad de enfrentar el desempleo o iniciar un emprendimiento.