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Víctor Eddy califica de “vergüenza pública” actuación de la CC y advierte posibles sanciones

El jurista sostuvo que lo más preocupante es que no hubo una voz disidente dentro del organismo que advirtiera sobre las irregularidades

Mateo también criticó al Congreso y al PRM por su manejo de la designación de miembros de la Cámara de Cuentas. Urge fortalecer la institucionalidad para evitar deterioros en el control del gasto público.

Rosa Soto
Rosa Soto
16 abril, 2026 - 12:29 PM
10 minutos de lectura
El abogado Víctor Eddy Mateo. Foto/RCC Noticias
Cámara de Cuentas
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El abogado Víctor Eddy Mateo arremetió contra el desempeño del pleno de la Cámara de Cuentas, al calificar como “una vergüenza pública” la actuación reciente de ese órgano fiscalizador, al tiempo que cuestionó que ninguno de sus integrantes haya frenado decisiones que, a su juicio, violan la Constitución y la ley.

Durante su participación en El Sol de la Mañana, Mateo expresó su indignación por lo ocurrido y aseguró que el accionar del pleno compromete seriamente la institucionalidad del país. “Da pena y vergüenza que una institución como esa esté en esta situación”, afirmó, al referirse al manejo de resoluciones internas y decisiones administrativas.

El jurista sostuvo que lo más preocupante es que no hubo una voz disidente dentro del organismo que advirtiera sobre las irregularidades. “No hubo uno que dijera: señores, lo que estamos haciendo es incorrecto”, enfatizó, señalando especialmente al miembro del pleno con formación constitucionalista.

Mateo explicó que las acciones de la Cámara de Cuentas vulneran el principio de legalidad, así como disposiciones constitucionales y legales vigentes, incluyendo la Ley 105-13, que contempla sanciones de inhabilitación de hasta cinco años en casos de violaciones como las denunciadas.

Advierte sobre juicio político y responsabilidad legal

El abogado coincidió con otros juristas en que la gravedad del caso amerita consecuencias más allá de simples cuestionamientos públicos. En ese sentido, planteó que los miembros del pleno podrían enfrentar procesos de destitución o inhabilitación conforme al marco legal.

A su juicio, lo ocurrido no debió resolverse mediante comunicaciones informales o intervenciones aisladas, sino a través de mecanismos institucionales como un juicio político en el Congreso Nacional.

“En un país que se respete institucionalmente, ellos hubieran renunciado inmediatamente”, sostuvo, al criticar también la falta de acciones contundentes por parte del Poder Legislativo.

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Críticas al Congreso y al PRM

Mateo también dirigió sus cuestionamientos hacia la Cámara de Diputados, el Senado y el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que han manejado de forma deficiente la supervisión y designación de los miembros de la Cámara de Cuentas.

“El PRM ha sacado F… el presidente es dos veces que se ha achicharrado con la designación de la Cámara de Cuentas”, expresó, en referencia a lo que considera errores reiterados en la selección de los integrantes de ese organismo.

Asimismo, lamentó que el Congreso no haya actuado con firmeza frente a la situación, limitándose —según dijo— a “pasar paños tibios” en un tema que afecta directamente la credibilidad institucional.

Cuestiona manejo de la ley de residuos sólidos

En otro tema, Mateo criticó la aplicación de la ley de residuos sólidos, señalando que su implementación ha estado marcada por improvisaciones y decisiones administrativas que, a su entender, exceden lo establecido por la propia normativa.

Indicó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no tiene facultad para alterar el alcance de la ley mediante disposiciones administrativas, y advirtió que cualquier modificación debe realizarse a través del Congreso.

El jurista consideró que lo ocurrido refleja una falta de planificación y respeto al proceso legislativo, lo que ha generado confusión entre contribuyentes, especialmente en el sector empresarial.

Advierte exceso de poder en compras y contrataciones

Mateo también se refirió a una resolución vinculada a la Dirección General de Compras y Contrataciones y el DNI, señalando que introduce obligaciones que no están contempladas en la ley.

Explicó que una resolución administrativa no puede imponer nuevas cargas ni ampliar el alcance de la normativa vigente, ya que eso violaría el principio de reserva de ley y derechos fundamentales como la libertad de empresa y la competencia.

Ante esto, indicó que la medida podría ser impugnada ante el Tribunal Superior Administrativo, incluso mediante una acción cautelar para suspender sus efectos mientras se conoce el fondo del caso.

Llama a fortalecer la institucionalidad

Finalmente, el abogado insistió en que los problemas señalados evidencian un deterioro institucional que debe ser corregido con urgencia, especialmente en órganos clave como la Cámara de Cuentas.


El proceso de selección para el nuevo proyecto comenzará el próximo lunes. Es crucial que todos los candidatos interesados presenten sus solicitudes antes del viernes. La entrevista inicial se llevará a cabo en la oficina principal y se espera que todos los participantes lleguen puntuales.

Importante:

  • Vergüenza pública institucional
  • Violación al principio de legalidad
  • Posible inhabilitación de miembros

En ese sentido, planteó la necesidad de designar figuras con mayor independencia y trayectoria, capaces de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad fiscalizadora.

Mateo concluyó que el país no puede permitirse seguir acumulando errores en instituciones encargadas del control del gasto público, en medio de un contexto económico y social complejo que exige mayor transparencia y responsabilidad.

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