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El abogado Víctor Eddy Mateo ofreció este miércoles en El Sol de la Mañana un amplio análisis sobre varios temas de relevancia nacional, incluyendo el Caso SeNaSa, las pensiones especiales otorgadas por el Estado, la actuación de la Cámara de Cuentas, la Ley de Desechos Sólidos y la situación de algunos servicios públicos.
Sobre el Caso SeNaSa, Mateo destacó que la situación vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la seguridad social y a la salud. Señaló que desde el año 2000 se han incorporado más de dos millones de dominicanos al sistema sin criterios claros, y más de 70,000 pensiones se otorgaron de manera especial a personas que no cumplían con los requisitos legales.
“Esto representa una carga enorme para el Estado y evidencia falta de planificación y control en la gestión del régimen subsidiado”, afirmó.
En cuanto a la Cámara de Cuentas, el abogado criticó la contratación de auditorías externas por montos elevados mientras persisten irregularidades sin resolver en auditorías anteriores. Señaló que la gestión actual del órgano es “ilegítima, aunque no ilegal”, y que el uso de recursos en licitaciones multimillonarias refleja prevaricación y deficiencias administrativas.
Sobre la Ley de Desechos Sólidos, Mateo cuestionó la lentitud del Poder Ejecutivo en su promulgación, recordando que, a 57 días de su aprobación en el Congreso, la ley aún no ha sido remitida formalmente para su publicación. Consideró que se está “memetizando” el cumplimiento de los plazos legislativos y criticó la falta de disciplina en la aplicación de la Constitución y los reglamentos del Senado.
Además, el abogado se refirió a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, calificándola de obsoleta e inconstitucional, y criticó la intervención política en el nombramiento de jueces y autoridades del Tribunal Superior Electoral, así como la situación irregular en el Consejo de la Magistratura.
Mateo también tocó casos de servicios públicos y facturación eléctrica, relatando su experiencia personal con ED Sur y Protecón, donde denunció cobros excesivos y demoras injustificadas en la resolución de reclamaciones, afectando a cientos de miles de dominicanos.
Finalmente, el abogado reiteró la necesidad de transparencia, respeto a los derechos fundamentales y control riguroso de los recursos públicos, y alertó sobre los riesgos de permitir prácticas que socavan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.