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Víctor Castro expresó en A Diario que no tiene "aprehensiones" por los "rumores" que lo van a quitar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil por las denuncias de irregularidades en los contratos con suplidores porque es una prerrogativa del presidente Luis Abinader.
Manifestó el más alto honor de servir al Estado y está satisfecho con su gestión en el INABIE.
A que si no le preocupa que si lo quitan quede la impresión de que es por las denuncias en su contra, respondió que servir a la administración pública es el riesgo más alto de un ciudadano.
Sobre que ya no va a estar en el INABIE, Víctor Castro dijo que este jueves va a ver al presidente Luis Abinader.
"Cuando salga de aquí vamos a una reunión con el presidente de la república por tercera semana en el Minerd para la preparación del año escolar", indicó.
Precisó que en una reunión con el mandatario le manifestó que estaba muy feliz porque los ataques feroces de programas de investigación y suplidores eran contra la gestión, no contra los programas.
Sostuvo que el que va del sector público al privado debe asumir las consecuencias porque, por los recursos que se manejan, favorece a muchos y perjudica a otros.
Puntualizó que Inabie maneja más dinero que 18 instituciones, lo que genera "ansiedad" en sectores por el presupuesto y los procesos que maneja.
Adujo que la gente dice, habla y denuncia, y que en cuatro años no han cancelado un proceso y una investigación en curso que ellos solicitaron.
Especificó que 35 días antes de un programa de investigación de los lunes, solicitaron una indagación en ProCompetencia porque encontraron vinculación entre oferentes de Inabie y lo mismo hicieron en Compras y Contrataciones.
Indicó que son dos hermanos y que si hay corrupción o colusión deben determinarlos no INABIE, sino ProCompetencia y los organismos competentes porque tenían falencias en sus propuestas.
Manifestó que en un proceso que se denuncia participaron más de 750 suplidores y solicitaron el no pago a 150 contratos en la Contraloría General de la República y no sabe por qué se incluye que hubo irregularidades en la licitación si la investigación no ha terminado.
Precisó que la mayoría de las empresas fueron liberadas, certificaron y se hacen los libramientos para pagos, y las compañías entregan uniformes al punto que el 98% de los centros en el Gran Santo Domingo los recibieron.
Agregó que más recientemente los recibió Montecristi entre las provincias fronterizas.
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Negó que viole la Ley de Compras y Contrataciones y que la gente hable sin investigar.
Precisó que las licitaciones multianuales existían y se habían hecho anteriormente y se realizan porque lo permite la ley.
Indicó que en una oferta recibieron 2,146 ofertas para lo que deben hacer un peritaje que no se hace en dos o tres meses porque duran hasta nueve meses y que uno de textil lleva casi un año.