Recientemente, el Obispo de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, abogó por la solución de los problemas que afectan al pueblo dominicano, instando a los funcionarios públicos a actuar con "dignidad y transparencia". Su mensaje resonó en el ambiente político, llevando a Antoliano Peralta, ministro de Justicia, a pronunciarse en apoyo de esta idea.
Peralta destacó que un gobierno sin críticos no puede avanzar ni mejorar. Según él, la presencia de críticos, especialmente figuras respetadas como los obispos, enriquece el debate y favorece el progreso social. "Siempre habrá conatos de corrupción, y es fundamental que obispos y otros sectores críticos estén presentes en esta conversación. Esto nos ayuda a crecer y mejorar", afirmó Peralta.
En paralelo, Leidy Blanco, coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, también subrayó el papel crucial que desempeña la Iglesia en la defensa de los derechos de los dominicanos. Blanco expresó que la preocupación por las desapariciones y la corrupción se siente profundamente en la sociedad, señalando casos recientes como el de Senasa, que han comprometido derechos fundamentales como el de la salud.
Ambos líderes, Peralta y Blanco, coinciden en la importancia de un diálogo activo entre los distintos sectores de la sociedad, reafirmando la necesidad de colaboración para enfrentar los desafíos que aquejan al país y promover un futuro más transparente y justo.
El abogado José Martínez Hoepelman se pronunció este jueves respecto al reciente llamado del Obispo de La Altagracia sobre el manejo de los fondos del Estado, asegurando que la transparencia en la administración pública dominicana debe trascender las palabras para convertirse en una práctica real y tangible.
Martínez Hoepelman calificó como "prudente" la exhortación del prelado hacia la transparencia y la pulcritud en el manejo de la cosa pública. Según el jurista, este es un llamado de atención que el Gobierno debe escuchar y recibir con humildad para fortalecer la institucionalidad del país.
"Creo que es un llamado que el Gobierno debe aceptar con humildad y llevar a los hechos el discurso de transparencia que han mantenido durante el ejercicio del poder", indicó el abogado.
Críticas a la gestión de la información pública
El abogado señaló que existen brechas importantes entre la retórica y la realidad administrativa. Denunció que, en la práctica cotidiana, se observan deficiencias que obstaculizan el control ciudadano:
Negación de información: Lamentó que diariamente se estén negando solicitudes de información pública a los ciudadanos.
Portales desactualizados: Señaló que las plataformas digitales de transparencia no cuentan con información al día.
Nóminas incompletas: Advirtió que se están ocultando datos fundamentales en los registros de empleados públicos.
El uso político de las "nóminas secundarias"
Uno de los puntos más críticos señalados por Martínez Hoepelman fue el manejo del personal contratado y temporero. Denunció la existencia de "nóminas secundarias" que se mantienen ocultas al escrutinio público.
Según el jurista, estas nóminas suelen ser utilizadas con fines políticos, lo que resulta en un claro detrimento de la buena administración de los recursos del Estado. "La transparencia no es una consigna, sino una actividad que debe ejercerse con acciones", concluyó.