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El director ejecutivo de la Cámara Minera y de Petróleo de la República Dominicana, Martín Valerio, explicó este martes por qué el país no puede modificar algunas cláusulas de explotación de oro establecidas en los contratos mineros, resaltando al mismo tiempo los beneficios que obtiene la nación cuando los precios internacionales del oro aumentan.
Durante su intervención, Valerio enfatizó que las reglas del juego están definidas por acuerdos legales y que alterarlas sería “violentarlas y atentar contra la seguridad jurídica”, comparando el cambio de cláusulas a mitad de contrato con cambiar las reglas de un juego de dominó mientras se está jugando.
Señaló que los contratos actuales, como el firmado en 2013, contemplan mecanismos de participación del Estado en los beneficios de la explotación minera, que se activan únicamente cuando no se alcanzan los niveles mínimos de recaudación fiscal.
Respecto al impacto del alza en los precios del oro, Valerio indicó que “siempre que el oro sube, hay mayor recaudación fiscal” gracias al incremento en las exportaciones. La minería, actualmente, representa el 46 % de las exportaciones totales del país, contribuyendo significativamente a la balanza de pagos y al ingreso constante de divisas.
En otras palabras, incluso sin modificar cláusulas contractuales, el país se beneficia directamente de los precios récord del oro a través de impuestos, exportaciones y fortalecimiento de la economía nacional.
Valerio también destacó la importancia de una minería responsable y moderna, que combine beneficios económicos con sostenibilidad ambiental y social. Señaló que la industria minera ha avanzado en remediación de impactos ambientales y que los estudios de impacto aprobados garantizan la coexistencia de los derechos fundamentales de las comunidades y el desarrollo de los proyectos.
Además, subrayó la necesidad de mejorar la comunicación con la población para explicar los aportes económicos, sociales y ambientales de la minería, evitando percepciones negativas infundadas.
Finalmente, Valerio reafirmó que cualquier irregularidad comprobada por parte de empresas mineras debe ser sancionada, evitando que compañías que hayan generado daños al Estado puedan volver a negociar contratos sin consecuencias legales.