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El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, aseguró este martes que el período de vacatio legis (vacación de la ley) del nuevo Código Penal dominicano será prorrogado por tres meses, decisión que, según adelantó, será anunciada por la Cámara de Diputados durante una reunión convocada para este martes.
La posible extensión del plazo ocurre en medio del debate generado por la entrada en vigencia de la nueva normativa, prevista originalmente para el 3 de agosto, y luego de que distintos sectores plantearan la necesidad de una revisión antes de su aplicación, al entender que varios artículos riñen con la Constitución de la República.
La discusión ha dividido posiciones entre quienes consideran necesario dar más tiempo para corregir aspectos cuestionados del Código Penal y quienes defienden que la ley debe entrar en vigor en la fecha establecida, argumentando que cualquier modificación puede realizarse posteriormente.
Entre los sectores que solicitaron una extensión del período se encuentran la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Defensor del Pueblo, quienes plantearon que la normativa debía ser revisada antes de su implementación.
Además, sectores del gremio jurídico respaldaron una prórroga para permitir ajustes a artículos que consideran requieren revisión.
En la otra posición, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, rechazó la posibilidad de retrasar la entrada en vigencia del Código Penal y sostuvo que la justicia dominicana necesita contar con las nuevas herramientas contempladas en la legislación.
Otros congresistas también defendieron que la pieza entre en vigor en la fecha prevista y que los cambios necesarios sean introducidos mediante reformas posteriores.
Uno de los principales puntos de discusión ha sido el contenido de algunos artículos relacionados con la libertad de expresión, las sanciones por difamación y otros aspectos que diferentes sectores consideran deben ser revisados antes de su aplicación.
El nuevo Código Penal fue aprobado tras más de dos décadas de debates legislativos y busca sustituir la normativa vigente desde 1884.