Préstamos informales bajo la lupa: debate sobre la usura vuelve a encenderse en RD
La discusión sobre endurecer las sanciones contra la usura en el nuevo Código Penal Dominicano ha reabierto el debate sobre los préstamos informales y los elevados intereses que pagan miles de ciudadanos fuera del sistema financiero tradicional.
Aunque desde 1919 la Orden Ejecutiva 312 establecía límites para los intereses aplicados a préstamos informales, en la práctica esa disposición ha perdido fuerza con el paso de los años, permitiendo el crecimiento de un mercado de créditos rápidos en barrios y sectores populares.
La usura consiste en cobrar intereses excesivos o abusivos aprovechándose de la necesidad económica de las personas, una práctica que continúa expandiéndose debido a las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos para acceder a financiamientos bancarios formales.
Prestamistas defienden el sistema de préstamos rápidos
Según explicó el prestamista Henry Minaya, los porcentajes que actualmente se cobran en los préstamos informales “hacen justicia”, argumentando que numerosas personas no califican para obtener créditos en bancos tradicionales o deben enfrentar procesos más largos y exigentes.
Indicó que las tasas de interés suelen oscilar entre un 8 %, 9 % y hasta un 10 %, dependiendo del monto solicitado, mientras que los requisitos son mínimos: una carta de prueba de dirección y otra de ingresos, facilitando el acceso rápido al dinero.
Este tipo de financiamiento se ha convertido en una alternativa frecuente para personas con dificultades económicas o sin historial crediticio, impulsando el crecimiento de los llamados préstamos rápidos en comunidades de bajos recursos.
Crecen preocupaciones por altos intereses y falta de regulación
A pesar de su popularidad, especialistas y ciudadanos consideran necesario fortalecer la supervisión sobre este tipo de préstamos para evitar abusos y proteger a quienes recurren a ellos por necesidad.
El posible endurecimiento de las penas contra la usura en el nuevo Código Penal busca precisamente combatir los intereses considerados excesivos, en medio de preocupaciones por el impacto económico que generan estas prácticas en familias vulnerables.
Mientras continúa el debate legislativo, diversos sectores insisten en la importancia de educar a la población sobre los riesgos de adquirir préstamos fuera del sistema financiero formal y promover mecanismos de protección para los consumidores.