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Resulta cuesta arriba controlar el tiempo de los menores al frente de las pantallas cuando ven a sus padres idiotizados por los algoritmos en horas de almuerzo, uso de baño y al final del día meterse a la cama con el celular en las manos. No hay moral, diría un amigo.
La responsabilidad en el hogar corresponde a los padres, pero el interés supremo del menor, como establecen leyes y acuerdos internacionales, obliga al Estado a evitar la exposición de niños y adolescentes a entornos riesgosos que comprometan su seguridad.
Algunos países como Australia, han decidido prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años para reducir ciberacosos, vulnerabilidades de los menores, así como evitar distracciones y cuidar su salud mental. Otros, como China, Francia, Países Bajos, Italia han optado por la regulación en las escuelas, sumando 79 a enero del 2025.
En República Dominicana, víctima de esa pandemia, con más celulares que personas, el Ministerio de Educación estudia la regulación del uso de los aparatos, visto el daño que provoca en los procesos de aprendizaje por las distracciones de estudiantes y maestros. ADP apoya, salvando la iniciativa de un obstáculo supremo, aunque (siempre hay un pero) condiciona a una mayor inversión en conectividad y tecnología.
El ministro Luis Miguel De Camps debe escuchar a todos los sectores que puedan aportar a mejorar el protocolo, pero no detenerse en los intereses y voces necias que siempre están al acecho para frustrar iniciativas que limitan el desorden. “Figuras” de las redes no desperdiciarán esta oportunidad para hacerse virales, con posturas extremas contra los “enemigos de los avances tecnológicos”.
Hay que adelantar, para evitar resistencias de personas vinculadas al negocio de las comunicaciones, que no se trata de eliminar la tecnología, sino hacer el mejor uso de ella, dirigiéndola a objetivos pedagógicos. Los I-pad y las computadoras seguirán usándose en el hogar para hacer las tareas diarias y otros encargos.
(De todos modos, y aunque actualmente hay mayor acceso económico a instrumentos tecnológicos, resaltar que un informe citado por la UNESCO refiere que el aprendizaje exclusivamente digital durante la pandemia relegó a unos 500 millones de estudiantes).
La tecnología es un auxiliar, un apoyo fundamental, pero el uso del celular en el aula es distracción, pérdida de tiempo y riesgo para los escolares. Muchos profesores no escapan a la enfermedad.
Los aparatos pueden ser guardados en un armario, o el lugar que se habilite para los casos en que se alegue la necesidad, por razones particulares, de tener a mano un celular al concluir la docencia.
Un menor que no atiende las tareas educativas por falta de control de sus padres en el hogar, está expuesto al fracaso total si la escuela es incapaz de regular el uso inadecuado de un aparato que atenta contra su salud emocional.
Las variables controlables que afectan la enseñanza, como la regulación del manejo de los celulares en las escuelas, deben asumirse con firmeza e ignorando momentáneos ruidos.
Se podría alegar los derechos del niño al acceso a las tecnologías, a sabiendas de que no hay tal impedimento sino reglas de uso y la protección de niños y adolescentes.
Plataformas que perfilan contenidos dirigidos a este público vulnerable, deberían ser enfrentadas, como parte del esfuerzo.
Los contribuyentes merecemos el mejor de los usos del 4 por ciento del PIB a la educación.
(Hay que dictar otras regulaciones de uso para guardianes privados, enfermeras, policías en servicio, entre otros servidores que exponen sus vidas y las de los demás, por la “imposibilidad” de apartar la vista del bendito aparato).