x
En la República Dominicana, desde el año 2012, existe una Ley de Protección Animal que reconoce algo elemental: los animales sienten, padecen y merecen vivir libres de crueldad. No se trata de una aspiración ética abstracta, sino de una normativa concreta, compuesta por 84 artículos, que establece deberes claros para el Estado, los gobiernos locales y los ciudadanos.
Sin embargo, más de una década después de su promulgación, la realidad demuestra una contradicción inquietante: la de quienes poseen la capacidad de razonar son, con frecuencia, los mismos que deciden maltratar.
La Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable fue concebida para prevenir y erradicar actos crueles, garantizar el bienestar animal y promover una conciencia social basada en el respeto.
No deja lugar a ambigüedades. Reconoce la protección animal como una responsabilidad colectiva, donde confluyen los sectores público, privado y social. Aun así, la distancia entre el texto legal y la práctica cotidiana sigue siendo alarmante.
En la sociedad actual, la ignorancia sobre temas de violencia está más extendida de lo que se podría pensar. Muchas personas no reconocen las señales de alerta o minimizan situaciones que deberían ser motivo de preocupación. La educación y la concienciación son herramientas clave para combatir este problema.
La violencia se ha normalizado en muchos aspectos de la vida diaria. Desde comentarios despectivos hasta actitudes agresivas, estas conductas se han vuelto parte del paisaje cotidiano.
Es fundamental que, la sociedad tome conciencia de que estas acciones no son aceptables y que deben ser erradicadas.
Las instituciones educativas tienen un papel crucial en la formación de ciudadanos conscientes y responsables.
A través de programas de educación en valores y respeto, se puede fomentar una cultura de paz y tolerancia. Solo así se podrá construir un futuro donde la violencia no tenga cabida.
Uno de los principales obstáculos para la aplicación efectiva de esta legislación es el desconocimiento generalizado. Una parte significativa de la población ignora que abandonar un animal, privarlo de alimento, envenenarlo o causarle daño deliberado constituye un delito. Esa ignorancia, aunque no exime de responsabilidad, ha permitido que el maltrato se normalice y se reproduzca sin temor a consecuencias reales.
Los casos de perros y gatos envenenados, atropellados, quemados con agua hirviendo de manera intencional o mantenidos en condiciones indignas no son hechos aislados. Se repiten, se documentan y se olvidan con rapidez.
La indignación pública suele ser intensa, pero breve. Rara vez se traduce en procesos judiciales o sanciones ejemplares. Cuando la ley no se hace sentir, la crueldad encuentra terreno fértil.
Existe además una responsabilidad silenciosa, la del ciudadano que no maltrata, pero tampoco actúa. El que escucha amenazas de desaparecer o envenenar animales “porque molestan”, y las interpreta como simples palabras, no como advertencias de un posible delito.
La ley prohíbe expresamente la exposición de venenos y los actos que pongan en riesgo la vida animal. Esperar a que el daño se concrete para reaccionar es una forma de complicidad pasiva.
La prevención también es justicia. La razón humana no solo sirve para planear acciones, sino para detenerlas cuando implican daño a otros seres vivos.
La legislación dominicana establece que el Estado debe proteger a los animales del desprecio, el abandono, la desatención y la crueldad.
No es un gesto de buen voluntad, es una obligación jurídica.
Asimismo, asigna funciones específicas a los ayuntamientos, incluyendo el apoyo a programas de protección animal y la creación de condiciones para instalar centros de cuidado y albergues.
Sin embargo, la realidad muestra un vacío preocupante. Los refugios públicos son escasos o inexistentes, y la responsabilidad recae casi por completo en organizaciones y voluntarios que operan sin recursos suficientes.
La pregunta es inevitable: ¿se cumple la ley o se delega su cumplimiento a la buena fe de la sociedad civil?
Los artículos que definen el maltrato y la crueldad animal son detallados y explícitos. Prohíben desde el descuido y el abandono hasta el envenenamiento, la mutilación, el biocidio y otras prácticas aberrantes. No hay falta de claridad normativa. Lo que sí hay es una aplicación irregular, escasos sometimientos judiciales y una percepción extendida de impunidad.
Cuando una sociedad permite que estas conductas queden sin consecuencias, envía un mensaje peligroso: que la violencia contra los más indefensos es tolerable.
La protección animal no es una causa menor ni una sensibilidad exagerada. Es una prueba del respeto al Estado de derecho y de la capacidad ética de una sociedad.
Resulta paradójico que quienes se consideran racionales utilicen esa misma razón para justificar el daño a seres que no pueden defenderse ni reclamar justicia.
La ley existe. El marco legal está ahí. Lo que falta es decisión, educación y coherencia. Porque mientras el ser humano razona y el animal sufre, la verdadera falla no está en la ausencia de normas, sino en la falta de voluntad para hacerlas cumplir.
Que la Ley de Protección Animal en la República Dominicana no quede en letras muertas. Que sea más robusta, para que quienes maltraten reciban su merecido.
Autor: Eddinson Gutiérrez