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La Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (UDCEND) decidió posponer para el 18 de julio la manifestación pacífica que había convocado frente al Palacio Nacional, en la que planeaban denunciar lo que califican como cierres arbitrarios de establecimientos de entretenimiento y presuntos abusos por parte del COBA y la Policía Nacional.
La organización explicó que la decisión fue tomada como gesto de solidaridad con el pueblo venezolano, tras los recientes terremotos que han dejado pérdidas humanas y daños materiales. Sin embargo, reiteraron que sus reclamos contra las autoridades dominicanas se mantienen firmes y activos.
El gremio también insistió en su solicitud de destitución de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, alegando que durante su gestión se han intensificado las acciones de fiscalización y clausura que, según afirman, afectan directamente al sector de la vida nocturna.
El presidente de la UDCEND, Junior González, aseguró que en las últimas semanas han sido clausurados múltiples establecimientos en distintas provincias del país, incluyendo 17 en Baní, 10 en Azua, cinco en Santo Domingo Este y 12 en Santo Domingo Norte. Según indicó, estas acciones no estarían justificadas por razones operativas o legales claras.
González afirmó que los cierres han generado pérdidas económicas que rondan los 100 millones de pesos, afectando a empleados y propietarios de negocios vinculados al entretenimiento nocturno. El dirigente advirtió que esta situación está impactando la estabilidad de cientos de familias que dependen del sector.
El gremio reiteró su llamado al Gobierno dominicano para abrir un espacio de diálogo formal y revisar las actuaciones de los organismos responsables de las clausuras, con el objetivo de buscar soluciones que eviten mayores afectaciones económicas y sociales en la industria nocturna.