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El Tribunal Superior Electoral (TSE) dispuso que el Partido Justicia Social (JS) entregue a Rubén Darío Rodríguez Beato, miembro de esa organización, los informes financieros correspondientes al uso de fondos públicos recibidos desde enero hasta agosto de 2023.
Asimismo, la alta corte ordenó a la entidad política comunicar a toda su militancia la nueva localización de su sede partidaria, medida adoptada tras comprobarse que el cambio no fue informado debidamente a los afiliados, lo que limitó el ejercicio de su derecho a la participación política.
Los jueces determinaron que el partido incurrió en dos faltas:
En consecuencia, el TSE concedió un plazo de 15 días calendario para que el partido cumpla con lo dispuesto. En caso contrario, se aplicará una astreinte de RD$1,500 diarios a favor de Rodríguez Beato, hasta que se ejecute lo ordenado.
El tribunal, integrado por los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, permitió que Rodríguez Beato asumiera su defensa sin abogados, garantizando así su derecho de acceso a la justicia.
El órgano rechazó el alegato de inadmisión presentado por el partido, al comprobar que la acción fue incoada dentro del plazo de 60 días establecido por la Ley 137-11.
En cuanto a los aspectos vinculados a conflictos internos partidarios, la Corte declaró inadmisible esa parte de la acción, indicando que existen otras vías jurisdiccionales habilitadas para esos reclamos.
La sentencia acogió parcialmente la acción de amparo interpuesta el 25 de julio de 2025, tutelando los derechos de Rodríguez Beato en materia de participación política y acceso a la información, mientras remitió otros puntos hacia los mecanismos legales correspondientes.