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El Tribunal Superior Administrativo dispuso nuevas medidas coercitivas contra el Ministerio de Turismo y la Armada de la República Dominicana, tras comprobar el incumplimiento prolongado de una sentencia previa relacionada con el conflicto por terrenos en Playa Encuentro, en Cabarete.
La decisión ordena el pago de una astreinte acumulada y aumenta la sanción diaria de RD$1,000 a RD$1,500, la cual será aplicada a partir del vencimiento de un nuevo plazo de 30 días otorgado a las entidades demandadas para cumplir íntegramente lo dispuesto por el tribunal.
El fallo, contenido en la sentencia núm. 0030-1643-2026-SSEN-00180, establece que ambas instituciones incurrieron en desacato durante 213 días, lo que generó una penalidad total de RD$213,000, monto que deberán pagar de forma solidaria a favor de las empresas demandantes.
El tribunal verificó que tanto MITUR como la Armada no ejecutaron las órdenes de cesar la intromisión en la propiedad privada ni retiraron señalizaciones que promovían el acceso público a través de los terrenos en disputa.
Esta situación motivó la liquidación efectiva de la sanción previamente impuesta en abril de 2025, al evidenciarse que las disposiciones judiciales no fueron acatadas dentro del plazo establecido.
La nueva medida busca reforzar el cumplimiento de la sentencia, incrementando la presión legal sobre las instituciones involucradas para que detengan cualquier acción que vulnere los derechos de propiedad en la zona.
El proceso judicial se enmarca en una demanda interpuesta por las empresas Inversiones Calpe, Inversiones Tarancom y Mesa Investment Limited, representadas por el inversionista Lance Lundeberg, quienes alegan incumplimiento reiterado por parte del Estado dominicano.
Lundeberg había denunciado previamente, incluso mediante comunicación dirigida al presidente Luis Abinader, supuestos atropellos y arbitrariedades en perjuicio del proyecto turístico Encuentro Beach Village, valorado en más de 400 millones de dólares.
El expediente recoge evidencias de la continuidad de intervenciones estatales en los terrenos, incluyendo accesos abiertos al público y la colocación de letreros oficiales, lo que ha intensificado el conflicto entre inversionistas y sectores que defienden el acceso libre a la playa.
La sentencia reafirma que el acceso al litoral debe garantizarse sin vulnerar derechos de propiedad privada, estableciendo un precedente clave en este tipo de disputas en el país.