TSA condena al Estado dominicano a indemnizar con RD$2.25 millones a hombre detenido injustamente

De la Rosa Romero fue arrestado sin pruebas suficientes en 2011 y tras años de litigios obtuvo justicia en 2025. El fallo del TSA reconoce el derecho a indemnización por detenciones arbitrarias y sienta un precedente legal.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró al Estado dominicano responsable patrimonialmente por la detención injusta de De la Rosa Romero, ordenando una indemnización de RD$2,250,000.00. La sentencia 30-03-2025-SSEN-00525, dictada el 3 de octubre de 2025, responsabiliza además al entonces procurador fiscal William de Jesús Viloria Santos por los daños y perjuicios ocasionados.

De la Rosa Romero inició su reclamo en junio de 2013, tras ser arrestado y mantenido en prisión preventiva sin pruebas suficientes. Su caso atravesó años de apelaciones, revisiones judiciales y decisiones contradictorias, retrasando el reconocimiento de la injusticia. Inicialmente, el TSA había rechazado la demanda en 2019, pero la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mediante su Tercera Sala, intervino en 2022 y ordenó una nueva evaluación sobre la correcta aplicación del Código Procesal Penal y los derechos a indemnización por detenciones arbitrarias.

El proceso se complicó con un segundo rechazo del TSA, pero la SCJ emitió la sentencia SCJ-TS-25-0435, el 20 de marzo de 2025, estableciendo que “la privación de libertad no puede considerarse un sacrificio legítimo cuando el proceso termina en una absolución por falta de pruebas”. Según los hechos probados, De la Rosa Romero permaneció más de ocho meses detenido desde agosto de 2011, hasta ser liberado mediante un Auto de No Ha Lugar que descartó totalmente la acusación.

El TSA fundamentó su decisión en el artículo 148 de la Constitución y la Ley 107-13, reconociendo la responsabilidad solidaria del Estado por actos ilícitos de sus funcionarios. El tribunal revocó las decisiones previas que limitaban la reparación, ampliando así el alcance del derecho a indemnización por detenciones arbitrarias y sentando un precedente clave para otros ciudadanos.

El fallo también declaró el proceso libre de costas y ordenó su publicación, consolidando un precedente sobre tutela judicial efectiva y responsabilidad del Estado frente a privaciones injustas de libertad.