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El Gobierno de Estados Unidos solicitó este viernes al Tribunal Supremo que le autorice a aplicar la ley de Enemigos Extranjeros de 1789, con el fin de poder deportar a venezolanos sin el debido proceso, tal como hizo a mediados de mes al enviar a cerca de 200 ciudadanos del país caribeño a una prisión en El Salvador.
La Administración de Donald Trump presentó una petición de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal al uso de esta ley, dictado por el juez James Boasberg el pasado 15 de marzo.
La argumentación del Ejecutivo es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado apremiante como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.
El documento del Gobierno indica que la Constitución establece claramente que la responsabilidad sobre seguridad nacional recae de manera indudable en el presidente y solicita levantar el bloqueo judicial.
El magnate neoyorquino ha afirmado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país e invocó ese 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite expulsar a extranjeros sin una audiencia judicial previa.
Ese mismo día, a pesar de la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos, a quienes las autoridades acusan de ser miembros de Tren de Aragua, que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.
El pasado miércoles, el tribunal federal de apelaciones mantuvo el bloqueo a la ley, lo que supuso el penúltimo episodio de un caso que subraya el enfrentamiento que el Gobierno mantiene con los jueces que han bloqueado varias de sus iniciativas y a quienes pide destituir, poniendo en duda la separación de poderes en EE.UU.
