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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles pasado una decisión que prohíbe los viajes a Estados Unidos desde 12 países, entre los que se incluye Haití. Esta orden, que también restringe la entrada de ciudadanos de otras siete naciones, como Cuba y Venezuela, entró en vigor el lunes a la 01:00 hora local de la Costa Este de EE.UU. (04:00 GMT).
La orden establece un plazo de 90 días para que el secretario de Estado, Marco Rubio, presente un informe a Trump sobre la situación, recomendando si se debe continuar, modificar o finalizar esta disposición.
El nuevo decreto prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, restringe el acceso de ciudadanos de otras siete naciones: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Existen varias excepciones a esta prohibición. Las personas con visa vigente que se encuentren en el territorio estadounidense, así como los ciudadanos de estos países con residencia permanente en EE.UU. (también conocida como ‘green card’) o doble nacionalidad, están excluidos. También se exceptúan aquellos con visas diplomáticas, atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que asistan a eventos importantes como los Juegos Olímpicos o el Mundial, así como personas de Afganistán con una visa especial.
Aunque el decreto prohíbe la entrada de cubanos y venezolanos con visas de turismo (B-2), de negocios (B-1), de estudios (F, M) o de intercambio cultural o académico (J), instruye a las embajadas y consulados de EE.UU. a “reducir la vigencia” de otras visas de no inmigrante para ciudadanos de estos países “en la medida que lo permita la ley”.
Trump justificó esta medida al afirmar que es necesaria para proteger la “seguridad nacional” del país, recordando una acción similar que tomó durante su primer mandato, cuando prohibió la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana. El Gobierno estadounidense argumenta que las naciones afectadas no comparten información sobre sus ciudadanos, lo que dificulta la evaluación de riesgos de terrorismo o seguridad pública. Además, la Casa Blanca sostiene que estos ciudadanos “representan un riesgo significativo de quedarse en EE.UU. más allá del tiempo autorizado por sus visas”.