
El escenario energético y geopolítico del continente dio un giro esta semana luego de que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, amenazara con imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba, al tiempo que Venezuela aprobó una profunda reforma legal para abrir su industria petrolera a la inversión extranjera.
La Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad una modificación a la legislación que regula el sector petrolero, facilitando la participación de empresas foráneas en la explotación de yacimientos. La reforma, respaldada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, permitirá que compañías extranjeras administren campos petroleros bajo su propio riesgo y costo, reduciendo el control exclusivo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La medida llega en un contexto de creciente presión de Washington. Desde la captura del expresidente Nicolás Maduro a principios de enero, la administración Trump ha dejado claro su interés en que empresas estadounidenses ingresen al mercado petrolero venezolano, el cual cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Rodríguez defendió la reforma como un paso histórico para transformar la riqueza energética del país en bienestar social. “Esta ley nos permite convertir esas reservas, las más grandes del planeta, en la mayor felicidad posible para el pueblo venezolano”, afirmó durante un acto público.
En paralelo, Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia de seguridad nacional por el vínculo energético de terceros países con Cuba, advirtiendo que impondrá nuevos aranceles a quienes “directa o indirectamente” provean petróleo a la isla. Según la Casa Blanca, La Habana representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por su alineación con países hostiles y la supuesta persecución de opositores políticos.