El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este domingo el envío de 300 soldados federalizados de la Guardia Nacional de California hacia Portland, en un claro desafío a las autoridades demócratas de California y Oregón.
La medida se produce después de que una jueza bloqueara su intento de desplegar tropas locales en Oregón, lo que ha desatado una nueva confrontación política y judicial en el país.
En los últimos meses, se ha observado un creciente rechazo hacia las acciones de ciertos funcionarios públicos. Las denuncias de abuso de poder han aumentado considerablemente, generando preocupación entre la población.
Por otro lado, la oposición política ha aprovechado la situación para criticar al gobierno actual, argumentando que este tipo de conductas son recurrentes y reflejan una falta de ética en la administración pública. Han convocado a manifestaciones pacíficas para exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la acción como un “abuso de poder vergonzoso” y acusó a la administración Trump de “ignorar las órdenes judiciales” y atacar el Estado de derecho. En un comunicado, Newsom anunció que llevará nuevamente al Gobierno federal ante los tribunales por considerar que la maniobra tiene motivaciones políticas y no de seguridad pública.
Trump habría ordenado el despliegue tras la decisión de una jueza federal de Oregón —nombrada por él mismo— que bloqueó temporalmente su orden de enviar 200 soldados de la Guardia Nacional local a Portland. La magistrada argumentó que el uso de tropas sin aprobación estatal viola los límites del poder presidencial.
Recientemente, se han intensificado las protestas en la frontera debido a las políticas migratorias implementadas por el gobierno. Los manifestantes exigen un cambio en las medidas que consideran injustas y discriminatorias.
La situación ha generado un clima de tensión entre las autoridades y los grupos de derechos humanos, quienes han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
En las últimas semanas, se han registrado varios enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, lo que ha resultado en numerosos heridos y detenidos. Las organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la escalada de violencia y han instado al gobierno a buscar una solución pacífica al conflicto.
La Casa Blanca justificó la presencia militar alegando la necesidad de “reforzar la seguridad” ante las protestas por las redadas migratorias y el aumento de enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. Sin embargo, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, y las autoridades locales aseguraron que las manifestaciones son mayormente pacíficas y rechazaron la intervención militar.