La administración de Donald Trump dio luz verde a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ejecutar operaciones encubiertas con capacidad letal en Venezuela, una medida que marca un cambio drástico en la estrategia de Washington hacia Caracas. En paralelo, el Pentágono incrementó su presencia militar en el Caribe, en lo que analistas describen como el mayor despliegue regional desde 2020.
La decisión, enmarcada en un documento clasificado conocido como “presidential finding”, autoriza a la CIA a intervenir fuera de los límites tradicionales de cooperación en inteligencia o antinarcóticos, habilitándola incluso para ejecutar acciones directas contra objetivos del Estado venezolano, bajo el principio de “negación plausible”.
Fuentes vinculadas al Consejo de Seguridad Nacional señalaron que la medida busca acelerar la salida de Nicolás Maduro mediante una combinación de presión política, sabotaje estratégico y aislamiento militar.
El “presidential finding” constituye una orden ejecutiva secreta que sólo se activa tras notificar a comités selectos del Congreso estadounidense. En este caso, amplía la autoridad operativa de la CIA para acciones de interdicción, sabotaje, guerra psicológica y operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas.
A diferencia de misiones encubiertas previas, esta autorización abre la puerta a operaciones letales selectivas, siempre que se integren en una estructura coordinada con el Departamento de Defensa (DoD).
Analistas de seguridad sostienen que el giro implica un nuevo umbral de riesgo hemisférico, ya que fusiona inteligencia, tecnología y fuerza militar en un entorno de guerra híbrida, donde la desinformación, los ciberataques y la presión diplomática actúan como armas complementarias.
De manera paralela, el Pentágono reforzó su dispositivo marítimo en el Caribe con cerca de 10.000 efectivos, ocho buques de superficie, un submarino nuclear y unidades anfibias con infantes de Marina, operando principalmente desde Puerto Rico.
La cobertura oficial de estas maniobras continúa siendo la “lucha contra el narcotráfico”, aunque fuentes de defensa reconocen que el objetivo real apunta a consolidar un cerco estratégico alrededor de Venezuela.
Los ejercicios incluyen interdicciones marítimas, vigilancia con drones y simulacros de bloqueo naval, mientras se evalúan escenarios de “demostración de fuerza” o golpes quirúrgicos sobre infraestructuras consideradas de “alto valor táctico”.
El endurecimiento de la postura estadounidense genera efectos inmediatos en el vecindario, donde las tensiones geopolíticas y las vulnerabilidades fronterizas se amplifican.
Con esta combinación de operaciones encubiertas e intimidación militar, Washington redefine su estrategia de presión sobre Caracas y reconfigura el mapa de disuasión en el Caribe.
La medida no solo busca debilitar al régimen de Maduro, sino también enviar un mensaje geopolítico a Rusia, China e Irán, cuyos vínculos con Venezuela se consideran un desafío directo a la hegemonía estadounidense en la región.
En un contexto de creciente militarización y tensiones energéticas, la frontera norte de Sudamérica emerge nuevamente como el epicentro del poder y la incertidumbre en el continente.