El Departamento de Justicia advirtió a las autoridades estatales y locales que podrían enfrentar acciones legales si no cooperan con las políticas migratorias del presidente Trump, incluyendo la deportación de millones de inmigrantes indocumentados.
El fiscal general interino, Emil Bove, citó una cláusula constitucional sobre la división de poderes y afirmó en un memorando que "la ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir e incumplir de cualquier modo las órdenes legales relacionadas con la inmigración".
Bove advirtió que "El Departamento de Justicia investigará los incidentes que involucren cualquier conducta indebida para una posible acusación".
Estas declaraciones se producen después de que Trump anunciara restricciones drásticas a la inmigración y el asilo en Estados Unidos, incluyendo la proclamación de una emergencia nacional en la frontera con México y la eliminación de la ciudadanía por nacimiento.
Según Bove se ha creado recientemente un grupo de trabajo sobre las llamadas ciudades santuario, que protegen a los migrantes de ser expulsados.
Dijo que identificarían "leyes, políticas y actividades estatales y locales que sean inconsistentes con las iniciativas migratorias del poder ejecutivo" para cuando "sea apropiado tomar medidas legales" contra esas normativas.
Varias "ciudades santuario" controladas por demócratas en Estados Unidos restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
"Leyes y acciones que amenazan con obstaculizar las iniciativas migratorias del poder ejecutivo, incluida la prohibición de divulgar información a las autoridades federales involucradas en actividades de aplicación de la ley migratoria, amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional", estimó Bove.
La oficina federal de investigación estadounidense (FBI) y otras agencias deberían "revisar sus archivos en busca de información identificativa y/o datos biométricos relacionados con no ciudadanos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos" y entregarlos al Departamento de Seguridad Interior para facilitar las deportaciones, dijo Bove, que fue uno de los abogados personales de Trump antes de ser nombrado en el Departamento de Justicia.