
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima y que están siendo trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcotráfico y otros delitos federales.
Trump ofreció la información durante una declaración desde la Casa Blanca, en la que también reveló detalles del operativo ejecutado por fuerzas especiales estadounidenses en territorio venezolano durante la madrugada, operación que incluyó ataques contra objetivos estratégicos y culminó, según su versión, con la captura del líder chavista y de la primera dama.
De acuerdo con el mandatario estadounidense, Maduro será puesto a disposición del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta acusaciones formales por conspiración narcoterrorista, tráfico de drogas y corrupción, cargos que fueron presentados originalmente por el Departamento de Justicia en 2020 y reactivados en el actual contexto de escalada diplomática y militar.
Trump sostuvo que la operación fue “rápida y precisa” y defendió la actuación de las fuerzas estadounidenses, al asegurar que se trató de la ejecución de órdenes judiciales pendientes. También reiteró que su administración considera a Maduro como el líder del denominado Cartel de los Soles, organización a la que Washington vincula con redes internacionales de narcotráfico.
Hasta el momento, no se han difundido imágenes oficiales que confirmen la captura o el traslado de Maduro y Flores. Autoridades estadounidenses no han precisado el itinerario completo ni el momento exacto en que ambos serán presentados ante un juez federal. Las imágenes que circulan en redes sociales han sido identificadas como contenidos generados por inteligencia artificial o material no verificado.
El Gobierno venezolano no ha emitido aún una versión detallada sobre el paradero del mandatario, mientras crece la expectativa internacional ante un hecho que, de confirmarse plenamente, marcaría un precedente sin igual en la historia reciente de las relaciones hemisféricas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en Venezuela en la madrugada del sábado, en el cual aseguraron que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país. Trump describió la operación como un éxito estratégico y confirmó la detención de ambos.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que tanto Maduro como Flores han sido formalmente imputados en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer estos artefactos contra Estados Unidos. Bondi señaló que enfrentarán la justicia estadounidense en suelo estadounidense.
El presidente venezolano estaba en la mira de las autoridades estadounidenses desde hace años. En 2020, fue acusado formalmente en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos, como parte de una investigación que, según Washington, lo señalaba como líder de una red criminal que operaba desde altos niveles del poder en Caracas. La administración estadounidense incluso ofreció hasta 50 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura, elevando la presión internacional sobre su régimen.
Esta operación representa una escalada dramática en la larga tensión entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela ha denunciado el ataque como una agresión militar, mientras exige pruebas de vida de Maduro y de la primera dama, luego de que se difundiera su desaparición del país.
La captura de un presidente en ejercicio de un Estado soberano marcaría un antecedente sin precedentes en las relaciones hemisféricas contemporáneas. Diversos actores globales han reaccionado ante la noticia, con llamados al respeto del Derecho internacional y debates sobre la legalidad de la acción militar. Aunque Washington ha defendido su operación como cumplimiento de la ley estadounidense y un paso necesario contra el narcotráfico transnacional, la comunidad internacional sigue pendiente de confirmaciones oficiales, posiciones de organismos multilaterales y posibles respuestas diplomáticas.