
El Gobierno de Estados Unidos advirtió a Nueva York que podría retirarle 73 millones de dólares en fondos federales para autopistas si el estado no deja de emitir licencias de conducir comerciales y permisos de aprendizaje a personas que no son ciudadanas. La amenaza fue anunciada este viernes por funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que Nueva York es el “peor infractor” en esta materia, al emitir licencias comerciales a extranjeros sin comprobar de forma suficiente que cuentan con autorización de trabajo a largo plazo. Según explicó, esta práctica viola los estándares federales de seguridad vial.
De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses, la agencia federal ya anuló licencias de inmigrantes que conducían sin permiso de trabajo y advirtió que las licencias comerciales también podrían ser revocadas si el estado no corrige la situación en un plazo de 30 días.
Por su parte, Derek D. Barrs, de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, sostuvo que las normas aplicadas por Nueva York representan “una desviación sistemáticamente grosera e inaceptable de las normas federales de seguridad”. Las autoridades federales insisten en que permitir a no ciudadanos operar camiones y vehículos pesados sin estatus laboral claro supone un riesgo.
Las críticas se apoyan en una auditoría federal que examinó 200 licencias comerciales emitidas en Nueva York. El informe reveló que la mitad de los titulares ya no contaba con autorización válida para trabajar en Estados Unidos.
Además, los funcionarios denunciaron que el estado otorga licencias comerciales con vigencia de ocho años, incluso cuando los solicitantes no poseen visas laborales con una duración equivalente.
El portavoz del Departamento de Vehículos de Motor de Nueva York, Walter McClure, rechazó las acusaciones. Aseguró que cada licencia comercial “está sujeta a la verificación del estatus legal del solicitante a través de documentos emitidos por el gobierno federal” y acusó a los funcionarios federales de “mentir”.
Nueva York se suma a otros estados bajo presión del Gobierno federal. El mes pasado, California revocó unas 17,000 licencias tras enfrentar advertencias similares.
Organizaciones defensoras de inmigrantes consideran estas acciones parte de una política más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por la Administración Trump.