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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a la mujer que murió durante un tiroteo protagonizado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis de resistirse a la autoridad y obstruir el trabajo de los oficiales.
El mandatario también responsabilizó a la “izquierda radical” por el clima que, a su juicio, rodea este tipo de incidentes.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social, Trump afirmó que la conductora “se comportó de manera caótica” y que, antes del tiroteo, habría intentado atropellar a un agente del ICE.
Sostuvo además que estos episodios se producen porque sectores de la izquierda radical “amenazan y atacan a diario” a los agentes del orden y a los oficiales migratorios.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el hecho ocurrió mientras agentes del ICE realizaban un operativo migratorio a gran escala en Mineápolis. Según el comunicado difundido en la red social X, un grupo de manifestantes intentó bloquear la operación y uno de ellos habría utilizado el vehículo de la mujer para intentar embestir a un agente.
Sin embargo, videos compartidos en redes sociales muestran a la mujer dentro de una camioneta oscura rodeada por agentes que le ordenaban descender del vehículo. En esas imágenes no se observa que el automóvil atropelle a ninguno de los oficiales, como sostuvo el presidente.
Cuando la conductora intentó alejarse del lugar, uno de los agentes disparó hacia la ventana del conductor. Segundos después, el vehículo impactó contra otro automóvil estacionado a pocos metros de distancia.
De acuerdo con datos del portal The Trace, esta muerte sería la quinta registrada durante operativos migratorios bajo la actual administración de Trump. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el tiroteo como “totalmente evitable”, señalando que era previsible debido al amplio despliegue del ICE en la ciudad.
Las redadas migratorias se han intensificado en los últimos meses en Mineápolis como parte de la estrategia federal para aumentar las detenciones de inmigrantes en situación irregular, una política que ha generado protestas y tensiones recurrentes entre autoridades federales y comunidades locales.