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Un tribunal de Perú anuló este lunes un juicio contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien estaba acusada de lavado de activos.
El proceso judicial contra Fujimori se sustentaba en la acusación de que había recibido fondos, presuntamente ilegales, de una firma brasileña y otras locales durante anteriores campañas electorales, alegando fallas procesales.
La hija del expresidente Alberto Fujimori enfrentaba un juicio oral desde julio del año pasado, cuando la fiscalía solicitó 30 años de prisión para la líder de un influyente partido político de derecha con representantes en el Congreso.
La jueza del tercer juzgado penal, Mercedes Caballero, dijo en una audiencia que Fujimori y otros acusados fueron excluidos del juicio cumpliendo una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que excluyó a uno de los procesados por el mismo caso, alegando que se vulneró su derecho a la defensa.
Según indicó el tribunal, el caso debe regresar a la etapa de investigación fiscal y control de acusación si la situación amerita.
La política peruana afrontaba además, cargos de obstruir a la justicia y liderar una organización criminal que recibió aportes para sus campañas electorales del 2011 y 2016, según la fiscalía, que la investigó durante casi una década.
Keiko Fujimori, de 49 años, se ha postulado tres veces para la presidencia del país andino. Su última participación electoral fue en el 2021 cuando perdió frente al izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y apresado a fines del 2022, tras intentar disolver el Congreso de mayoría opositora de forma ilegal.
Entre los acusados en el juicio figuraban exfuncionarios, empresarios y militantes del partido fujimorista Fuerza Popular, que habría sido utilizado para recibir de forma irregular unos 17 millones de dólares de varios aportantes, como la brasileña Odebrecht, que cambió de nombre a Novonor, y del holding financiero peruano Credicorp, según las pesquisas.
Según el expediente de la fiscalía, el origen de este dinero, usado para las campañas políticas y para beneficio propio de la familia Fujimori, habría sido ocultado a las autoridades electorales.
Alberto Fujimori, su padre, murió en septiembre, meses después de haber sido liberado de la cárcel donde había cumplido 16 años de una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos durante su presidencia, tras un polémico indulto humanitario.