Santo Domingo.– La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, autorizó a Alejandro José Montero Cruz, imputado en los casos de corrupción Coral y Coral 5G, a viajar de manera temporal a los Estados Unidos por motivos de salud.
La autorización judicial comprende el período del 20 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025, conforme a lo establecido por el Tribunal, que también integran las magistradas Tania Yunes y Jissell Naranjo.
Como consecuencia del permiso concedido, el tribunal decidió posponer la audiencia y fijó la continuación del juicio para el 6 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que se reanudará el proceso contra los imputados de la presunta red de corrupción administrativa.
Estos casos involucran a varios acusados señalados por el Ministerio Público de defraudar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, mediante un entramado de irregularidades administrativas, contratos fraudulentos y nombramientos ficticios, principalmente en organismos de seguridad del Estado.

El tribunal indicó que la autorización de viaje se otorgó bajo las condiciones legales correspondientes, mientras el proceso judicial continúa su curso conforme al calendario establecido.
Estos casos forman parte de los procesos anticorrupción de mayor relevancia en el país, por el monto del presunto fraude y la cantidad de exfuncionarios y civiles implicados.
En el ámbito de la justicia, las medidas judiciales son acciones legales que se toman para garantizar el cumplimiento de una sentencia o para proteger los derechos de las partes involucradas en un proceso. Estas medidas pueden incluir órdenes de restricción, embargos de bienes o incluso la detención preventiva de una persona.
Es fundamental que todas las partes involucradas estén debidamente notificadas de cualquier medida judicial que se tome, para asegurar que se respeten sus derechos y se cumpla con el debido proceso.
Las notificaciones oficiales son comunicaciones formales que se realizan para informar a las partes interesadas sobre el estado de un procedimiento legal o administrativo. Estas notificaciones deben cumplir con ciertos requisitos legales para ser consideradas válidas, como ser entregadas en tiempo y forma, y contener toda la información necesaria para que el destinatario pueda ejercer sus derechos de manera adecuada.
En muchos casos, las notificaciones oficiales se realizan a través de medios electrónicos, lo que agiliza el proceso y garantiza una mayor eficiencia en la comunicación.
En la resolución, el tribunal ordenó a la Secretaría notificar la autorización de salida a la Dirección General de Migración, a la parte solicitante, al Ministerio Público y a la parte querellante constituida en actor civil.
Montero Cruz cumple actualmente medida de coerción consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, la cual fue flexibilizada de manera temporal debido a su condición médica.
Según lo expuesto por las juezas, el imputado requiere atención médica especializada fuera del país, razón por la cual se decidió posponer el cronograma judicial, a fin de garantizar su derecho a la defensa y su presencia en el proceso.
Para la próxima audiencia se espera que el tribunal retome la fase de conclusiones, así como las declaraciones finales de los imputados que decidan hacer uso de ese derecho en la sala de audiencias.
Será la oportunidad para que los acusados que así lo deseen se dirijan directamente a las juezas, una vez queden formalmente cerradas las constituciones de las partes.
Imputados del caso Coral y Coral 5G
El caso Coral y Coral 5G ha sido uno de los más sonados en los últimos años en la República Dominicana. Este caso involucra a varios altos funcionarios y militares acusados de corrupción y malversación de fondos públicos. La investigación ha revelado una compleja red de sobornos y desvío de recursos que ha impactado significativamente en la opinión pública.
Entre los principales imputados se encuentran el general Adán Cáceres, quien era jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, y la pastora Rossy Guzmán, conocida como "la pastora". Ambos han sido señalados como cabecillas de esta red de corrupción. Las autoridades han trabajado arduamente para desmantelar esta estructura y llevar a los responsables ante la justicia.
El proceso judicial ha sido extenso y complejo, con múltiples audiencias y la presentación de numerosas pruebas. La sociedad dominicana sigue de cerca el desarrollo de este caso, esperando que se haga justicia y se siente un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
En el caso Coral figuran como imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exencargado financiero del Cusep; Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, colaborador principal del Ministerio Público.
En la Operación Coral 5G, derivada del caso Coral, están acusados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
También figuran como imputados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, todos bajo medidas de coerción.