El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoce el caso de "corrupción administrativa y crimen organizado" que vincula al exdirector del Intrant, Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros procesados concedió al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para concluir investigación y presentar acusación formal.
Wilson Camacho, Director General de Persecución del Ministerio Público dijo luego de la decisión del tribunal: “En la audiencia de hoy, el Ministerio Público presentó la solicitud de prórroga amparado en una serie de elementos que hicieron al tribunal reflexionar sobre que, efectivamente, el plazo inicialmente otorgado, conforme a la norma procesal penal, era insuficiente para culminar la investigación”, explicó Ortiz.
Señaló además que los procedimientos aún en curso no obedecen a negligencia ni retraso institucional, sino al “gran cúmulo de evidencias que tiene este caso, sobre todo, evidencia de índole tecnológica que han dificultado la culminación de ciertas experticias”.
Consideró que el tribunal actuó de manera correcta al otorgar la prórroga establecida en el Código Procesal Penal, de cuatro meses, para concluir con la fase investigativa. “En ese plazo estaremos presentando el acto conclusivo propio de este proceso”, dijo.
Camacho y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezaron el equipo de fiscales litigantes en la audiencia, acompañado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos y Miguel Collado.
El Ministerio Público sustentó la petición en las diligencias pendientes producto del volumen y complejidad del expediente. Al otorgar la prórroga, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó como fecha límite el 08 de octubre del presente año para la presentación de la acusación formal.
El proceso judicial incluye como imputados, además de Hugo Beras, exdirector del Intrant; y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix; a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados son señalados como miembros de una red de corrupción y crimen organizado, vinculada a delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.