La jueza Fátima Veloz decidió imponer garantías económicas que van de RD$1.5 millones a RD$7 millones a varios implicados en una operación contra la distribución y transmisión ilegal de contenidos audiovisuales y dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país para algunos de ellos.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso como complejo, pero la magistrada optó por medidas económicas y de control.
Las garantías quedaron así: RD$7 millones para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora; RD$5 millones para Keomirys Torres López; RD$3 millones para Víctor Luis Torres López y Leony Esmeralda Croes; y RD$1.5 millones para Raúl Ernesto Guzmán Croes.
Durante la audiencia, los fiscales explicaron que la estructura delictiva se dedicaba a ofrecer accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor, violando la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Estas prácticas habrían generado perjuicios económicos a compañías internacionales y al Estado dominicano.

El Ministerio Público estuvo representado por procuradores de corte y fiscales especializados, entre ellos Pedro Amador, Pelagio Alcántara, José Agustín de la Cruz Santiago, Miguel Antonio Pichardo Ramírez y Rosalba Ramos, junto a equipos de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y la Unidad de Comercio Ilícito.
La Operación, ejecutada el 16 de septiembre, fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con apoyo de la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos, la Unidad de Investigación Criminal (UIC), el Dicat y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
A nivel internacional, colaboraron el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Esta medida marca un precedente en la lucha contra la piratería digital y los delitos tecnológicos en República Dominicana, y refleja la coordinación nacional e internacional en la persecución de estos crímenes.