Tribunal Constitucional establece límites a la disciplina escolar tras conflicto por graduación
El TC desestimó el recurso del centro educativo y reafirmó que las sanciones deben respetar los derechos de los alumnos, subrayando que la graduación es un hito significativo en su vida académica.
Un conflicto disciplinario en el Centro Educativo High Steps Bilingual School terminó con una decisión del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la sanción impuesta a una estudiante de último grado de secundaria, la cual fue excluida de su ceremonia de graduación.
La controversia surgió cuando la alumna, según se detalla en la sentencia, profirió “improperios o palabras irrespetuosas contra las autoridades” del colegio. Como consecuencia, la dirección del centro educativo le impuso dos medidas disciplinarias: una calificación de 40 puntos en conducta y la prohibición de participar en el acto de investidura.
Acción de amparo y fallo judicial
La madre de la estudiante interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, solicitando la revocación de la prohibición.
- El tribunal falló a favor de la madre y anuló las sanciones impuestas, considerando que eran “improvisadas, desproporcionadas, y efectivamente vulneradoras” de los derechos fundamentales de la joven.
El Tribunal Constitucional enfatizó que la graduación no es simplemente una festividad, sino que representa un "cierre" y la “culminación de una etapa” de más de 12 años en la vida de los estudiantes.
- Además, señaló que las sanciones disciplinarias deben ser razonables y respetar los derechos de los alumnos, ya que la “potestad disciplinaria” de los centros educativos tiene límites constitucionales.
Rechazo del recurso del centro educativo
El centro educativo recurrió la decisión ante el Tribunal Constitucional, alegando violación de precedentes, falta de motivación y afectación a su potestad disciplinaria. Sin embargo, el TC desestimó el recurso, ratificando la sentencia de amparo y validando la intervención judicial en defensa de los derechos fundamentales de la estudiante.
El tribunal reafirmó que el interés superior del niño es un principio transversal que debe guiar todas las decisiones relacionadas con los estudiantes, tanto en el ámbito público como privado.
- Esto reafirma la obligación de los centros educativos de aplicar sanciones que respeten el marco constitucional y legal, y no vulneren los derechos de los estudiantes.