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El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, fijó para las 2:00 pm la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público contra los imputados por los actos de corrupción en SeNaSa.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para los imputados y que el caso sea declarado complejo.
De acuerdo con el expediente, esta estructura actuaba bajo directrices del entonces director ejecutivo, Hazim, con el objetivo de favorecer intereses particulares y garantizar beneficios económicos y políticos a su círculo cercano.
Dentro de esta supuesta red, el consultor jurídico Germán Robles ocupaba una posición determinante. El documento señala que Robles habría intervenido para imponer aprobaciones irregulares de prestadores de servicios, actuando fuera del procedimiento establecido y otorgando ventajas selectivas a terceros vinculados al esquema.
Su rol, según la investigación, fue clave para blindar legalmente decisiones previamente acordadas y ejecutadas al margen de la normativa institucional.
La acusación indica que Minaya validaba convenios y habilitaciones pese a informes internos que advertían incumplimientos de requisitos técnicos, legales o de infraestructura por parte de algunos proveedores.
Finalmente, se señala la participación de Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación, acusada de validar y firmar de manera recurrente actas que contenían decisiones previamente definidas por la supuesta estructura. Su papel habría sido asegurar la formalización administrativa de maniobras coordinadas internamente.
Las autoridades sostienen que estos funcionarios no actuaban a favor del interés público ni conforme a la Constitución ni a la normativa vigente, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 87-01 sobre Seguridad Social.
Por el contrario, habrían operado como ejecutores de un esquema organizado de corrupción que utilizó recursos estatales para fines particulares y políticos, en perjuicio del patrimonio público y del sistema de salud nacional.