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Un tribunal de Ecuador condenó este lunes a once militares a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, detenidos de manera irregular en diciembre de 2024 en Guayaquil y cuyos cuerpos fueron hallados días después calcinados y con impactos de bala.
La sentencia marca el primer fallo judicial por violaciones a los derechos humanos dentro del denominado “conflicto armado interno” decretado en el país.
Además de la pena privativa de libertad, los jueces impusieron a los condenados una multa de 376,000 dólares, una indemnización de 10,000 dólares para cada familia, la obligación de ofrecer disculpas públicas y la publicación de un extracto de la sentencia en un medio de circulación nacional. Un teniente coronel procesado como cómplice fue absuelto.
Para otros cinco soldados que se acogieron a un mecanismo de cooperación eficaz, el tribunal dictó una condena de 30 meses de prisión, tras aceptar su colaboración con la Fiscalía durante el proceso judicial. En total, dieciséis militares fueron procesados, de los cuales once recibieron la pena máxima solicitada por el Ministerio Público.
Este caso es considerado el más grave documentado hasta ahora bajo el conflicto armado interno iniciado en enero de 2024, periodo en el que organizaciones de derechos humanos han registrado al menos 33 denuncias por presuntas violaciones similares.
El fallo acogió la tesis de la Fiscalía, que sostuvo que los militares expusieron deliberadamente a los menores a un alto riesgo al abandonarlos en una zona peligrosa sin dar aviso a las autoridades competentes.
Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2024, cuando los militares detuvieron a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los alrededores de un centro comercial del sur de Guayaquil, tras una supuesta alerta por robo.
Durante el juicio, se estableció que los menores fueron sometidos a tratos crueles y degradantes y que existió un pacto de silencio entre los militares involucrados. Tras conocerse la sentencia, familiares y allegados de las víctimas se congregaron frente al juzgado y celebraron el fallo al grito de “justicia”.
