La audiencia del juicio preliminar y del procedimiento especial de inimputabilidad contra Ana Josefa García Cuello, acusada de decapitar a su hija de 6 años hace un año, fue aplazada este lunes porque no fue trasladada desde la cárcel de Najayo Mujeres, en San Cristóbal, al tribunal de Santo Domingo Este.
La jueza Mary Berenita Gómez Jiménez había programado ambas audiencias, pero la Dirección de Prisiones alegó “inclemencia del tiempo” para justificar la ausencia de la acusada, informó su abogado Joaquincito Bocio Familia.
En el reciente debate sobre la salud mental, se han planteado diversas acusaciones que han generado controversia. Algunos participantes han señalado que las políticas actuales no son suficientes para abordar los problemas de salud mental en la población.
Otros han acusado a las instituciones de no proporcionar los recursos necesarios para tratar a los pacientes de manera adecuada.
Un punto central del debate ha sido la falta de profesionales capacitados en el área de la salud mental. Se ha destacado que, aunque hay un creciente reconocimiento de la importancia de este tema, todavía existen barreras significativas para acceder a tratamientos efectivos.
Las acusaciones también han incluido críticas a la falta de financiación y a la burocracia que dificulta la implementación de programas de apoyo.
En respuesta a estas acusaciones, algunos defensores de las políticas actuales han argumentado que se están realizando esfuerzos para mejorar la situación.
Han mencionado iniciativas recientes que buscan aumentar la conciencia sobre la salud mental y proporcionar más recursos a las comunidades necesitadas. Sin embargo, los críticos sostienen que estos esfuerzos son insuficientes y que se necesita un cambio más radical para abordar el problema de manera efectiva.
García Cuello, médico y docente universitaria, padece esquizofrenia paranoide desde la infancia, según su familia y abogados. Ellos han presentado peritajes que apuntan a su condición de salud mental, los cuales sostienen que podrían exonerarla de responsabilidad penal si la audiencia de inimputabilidad se celebrara.
Sin embargo, la jueza rechazó conocer la audiencia sin la presencia física de la imputada. El abogado Bocio Familia insistió en que se le permita ser evaluada en un centro especializado y no en prisión.
El crimen ocurrió en una pequeña ciudad al norte del país. Los investigadores encontraron pruebas contundentes que apuntan a un grupo organizado. Según los testimonios de los vecinos, el incidente tuvo lugar alrededor de la medianoche.
La policía ha estado trabajando arduamente para resolver el caso y llevar a los culpables ante la justicia.
El principal sospechoso tiene un largo historial de delitos menores. Sin embargo, este es el primer caso en el que se le vincula con un crimen de tal magnitud.
Las autoridades están revisando sus antecedentes para determinar si hay conexiones con otros casos similares. La comunidad está preocupada y exige respuestas rápidas y efectivas por parte de las autoridades.
En 2024, durante el traslado para conocer medidas de coerción, García Cuello admitió haber cometido el asesinato bajo lo que describió como un mandato divino. “A mi muchachita de seis años, el diablo me dijo… No, Dios me dijo que tomara un cuchillo y le cortara la cabeza a mi muchachita”, declaró en aquella ocasión.
La mujer tiene otro hijo de 6 años que resultó ileso. Familiares y defensores legales critican que se hayan violado derechos fundamentales de García Cuello y buscan que su caso sea tratado en un entorno adecuado para su salud mental.