x
El abogado y exfiscal, Teobaldo Durán, señaló en el programa A Diario, que se transmite por Space 89.3 FM que uno de los efectos del Ministerio de Justicia es que va a afectar el presupuesto de la Procuraduría General de la República.
Puntualizó que el Ministerio de Justicia tiene un año para entrar en funcionamiento, hacer nuevas designaciones y actualización de funcionarios que corresponden al área como Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales que debe ser ratificado por el presidente mediante la Ley 80-25.
Explicó, además que reducirá el presupuesto de la Procuraduría General de la República porque parte de las funciones las va a manejar el Ministerio de Justicia.
Señaló que manejará el sistema carcelario y las legalizaciones y certificaciones de las firmas de abogados y notarios por los cuales se pagan 600 pesos y 800 por los certificados de no antecedentes penales.
"Todos esos recursos los va a manejar ahora el Ministerio de Justicia y como ya señalé una de las partes más difíciles de asimilar es precisamente que se le va a pellizcar a la Procuraduría General de la República la parte de su presupuesto. De hecho, en el presupuesto de 2026 está contemplado que el Ministerio de Justicia va a manejar aproximadamente 4,500 millones de pesos, parte de los cuales manejaba la Procuraduría General de la República", expuso.
Teobaldo Durán sostuvo que la PGR se queda solo con esa parte operativa.
Explicó que aspectos relevantes de la Ley 80-25 La Ley 80-25 establece un marco normativo para la contratación pública en el país. Uno de los aspectos más importantes es la promoción de la transparencia en los procesos de licitación. Además, se busca fomentar la competencia entre los proveedores para asegurar que el Estado obtenga los mejores productos y servicios al menor costo posible.
Otro punto clave que destacó de la Ley 80-25 es la inclusión de medidas para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas. Afirmó que esto incluye la implementación de controles estrictos y la obligación de presentar informes detallados sobre el proceso de selección y adjudicación de contratos.
Asimismo, la Ley 80-25 también establece sanciones para aquellos que incumplan con las normativas establecidas. Estas sanciones pueden incluir multas económicas y la inhabilitación para participar en futuros procesos de contratación pública.
Mencionó que se cree el Sistema de Justicia integrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Ministerio Público, Oficina de la Defensa Pública, Ministerio de Justicia y Policía Nacional.
Indicó que seis viceministros integrarán el Ministerio de Justicia.
Coordinar y organizar la política del Estado contra la criminalidad.
Coordinador la representación judicial y extrajudicial del Estado y la administración.
Coordinador los asuntos registrales bajo su competencia.
Gestionar la colaboración del Poder Ejecutivo al sistema de justicia.
Ejercer la representación y defensa del Estado y la administración pública.
Destacó que se crea la Oficina Nacional del Abogado de la Administración Pública.