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El abogado Víctor Eddy Mateo, invitado este viernes a El Sol de la Mañana, explicó los alcances de recientes decisiones del Tribunal Constitucional (TC) y alertó sobre el impacto que estas tienen en materia de pensiones, derechos fundamentales y funcionamiento institucional en República Dominicana.
Mateo destacó que el TC declaró inconstitucional un artículo de la resolución 569-03, el cual imponía dos restricciones claves:
“Es importante que la gente sepa que esos límites ya no existen”, puntualizó. Según explicó, esta decisión elimina trabas que por años afectaron a beneficiarios, viudas, huérfanos y personas con discapacidad que quedaban fuera del sistema por requisitos considerados desproporcionados. Tras el fallo, el propio Comité Nacional de Salarios ha empezado a adoptar medidas para agilizar los procesos y orientar a los ciudadanos sobre sus derechos.
Mateo exhortó a toda persona que haya tenido solicitudes rechazadas o limitadas por esas disposiciones a acudir a las instancias correspondientes, ya que la sentencia abre la oportunidad para reclamar beneficios que antes les eran negados.
El jurista también se refirió al debate nacional sobre la indexación salarial y los ajustes pendientes en el sistema de pensiones. Señaló que, aunque reconoce el esfuerzo del ministro de Hacienda, Mahín Díaz, le recomienda “no justificar solo lo imposible” y entender que mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores tiene un impacto positivo en la economía.
Propuso que, si el ajuste no puede hacerse de golpe, el Gobierno establezca un plan gradual de tres a cinco años, acompañado de una revisión profunda de exenciones y subsidios, muchos de los cuales —dijo— se han convertido en cargas permanentes sin razón.
“Los subsidios no pueden mantenerse dos periodos de gobierno. Eso empobrece más a la gente porque la pobreza no solo es material, también es mental”, advirtió.
En otro momento, Mateo abordó la situación del CCR Las Parras, un proyecto marcado por retrasos, fallas administrativas y sobrecostos, recordando que su paralización —vinculada al uso político que se hizo del caso— terminó costándole al Estado miles de millones adicionales por la inflación acumulada.
Mateo cerró con preocupación por el proceso legislativo del Código Penal y las “presiones marcadas” del Ministerio Público en la reforma. Señaló que actualmente hay decenas de acciones de inconstitucionalidad depositadas ante el TC contra la versión aprobada en el Senado.
Aseguró que el proyecto, según está, solo fortalece al acusador y al investigador, reduciendo garantías del imputado, un peligro que —advirtió— muchos no valoran hasta que se ven afectados.
“El plazo vence el 11 de diciembre. Lo más responsable es aprobar la ley como corresponde y luego discutir mejoras”, insistió.