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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha pospuesto la audiencia para el recurso de casación interpuesto por la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López.
La nueva fecha para la audiencia es el jueves 6 de febrero a las 09:00 a.m.
El recurso busca revisar la sentencia penal núm. SCJ-SS-24-0592, emitida el 28 de mayo de 2024, que declaró culpable a la exdiputada por la provincia de La Vega por lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
La sentencia condenó a Pilarte López a cinco años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.
Además, se le impuso el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y el decomiso de varios bienes inmuebles relacionados con el caso.
Esta decisión se basó en la violación de los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3), también el artículo 9 (numerales 1 y 2) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
“El recurso de casación, presentado por la defensa de Pilarte el 15 de julio de 2024, fue admitido por el máximo tribunal, lo que abre la posibilidad de una revisión de los fundamentos legales de la condena. Según el documento de la SCJ, el tribunal declaró admisible el recurso contra la sentencia penal emitida por la Segunda Sala en única instancia de la jurisdicción privilegiada.
La investigación reveló que la exlegisladora había declarado un patrimonio de 15,900,000 pesos, mientras que las autoridades identificaron un monto real de 4,418,399,312.92 pesos, supuestamente obtenidos a través de actividades ilícitas.
Los jueces Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto determinaron que Pilarte López era parte de una red criminal liderada por su pareja, Miguel Arturo López, conocido como Miky López.
En el marco de las investigaciones, se vinculó a Pilarte López con la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., cuyo representante, Manuel Antonio Inoa Valdez, intentó levantar las oposiciones sobre los inmuebles decomisados. Sin embargo, este recurso fue declarado inadmisible.
Situación actual
A pesar de la condena dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la pena de reclusión no ha sido ejecutada debido a que el caso no ha adquirido la autoridad de "cosa irrevocablemente juzgada". Esto significa que la sentencia no es definitiva mientras el recurso de casación, y eventualmente el Tribunal Constitucional, no se pronuncien de manera definitiva".