
Un tribunal de la región de Ångermanland, en el norte de Suecia, condenó este martes a un hombre de alrededor de 60 años a cuatro años y cinco meses de prisión tras hallarlo culpable de explotar sexualmente a su esposa Gisele Pelicot durante un período de tres años, facilitando encuentros con decenas de clientes.
La sentencia incluye delitos de proxenetismo agravado, intento de violación, varios episodios de violencia física y amenazas. Además, el condenado deberá pagar una compensación económica a la víctima por los daños ocasionados.
De acuerdo con el fallo, el acusado habría sido quien impulsó y coordinó la actividad, encargándose de gestionar contactos, organizar encuentros y administrar buena parte de las operaciones relacionadas con la explotación sexual de la mujer.
La investigación también determinó que la víctima fue inducida a mantener relaciones sexuales con terceros, participar en transmisiones por internet y recibir a compradores de servicios sexuales. Asimismo, el hombre intentó involucrar a otras personas en estas actividades.
El proceso judicial derivó además en condenas contra 28 individuos por la compra de servicios sexuales, incluidos dos que recibieron penas de prisión. Aunque la pesquisa inicialmente alcanzó a más de un centenar de sospechosos, muchos casos no llegaron a juicio debido a la prescripción de los delitos.
Pese a que la Fiscalía presentó varias acusaciones por violación, el tribunal absolvió al acusado de esos cargos al considerar que las pruebas no permitían demostrar de manera concluyente la falta de consentimiento o precisar algunos de los hechos denunciados.
Durante el juicio, el hombre rechazó todas las imputaciones y sostuvo que únicamente colaboraba con una actividad que, según su versión, era realizada voluntariamente por su esposa. Sin embargo, trascendió que contaba con antecedentes por delitos de violencia y coerción.
El caso ha generado amplia repercusión en Suecia y ha reavivado el debate sobre la explotación sexual, la violencia de género y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las víctimas de este tipo de delitos.