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Veinticinco días después del hecho, el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la niña Stephora Ann-Merci Joseph murió por asfixia mecánica por ahogamiento, una muerte violenta de mecanismo rápido y etiología médico-legal indeterminada. El documento, fechado el 19 de noviembre, no precisa la hora exacta del deceso, aunque el levantamiento del cadáver ocurrió a las 2:05 p. m.
Según el Ministerio Público, la niña de 11 años entró a la piscina a las 9:44 de la mañana durante la excursión escolar y, al percatarse del cambio de profundidad, comenzó a hundirse y a pedir auxilio.
El expediente narra que a las 9:45 Stephora luchaba desesperadamente por mantenerse a flote, mientras la supervisión docente fue prácticamente inexistente. Una de las imputadas, Francisca Josefina Tavarez Vélez, habría pasado dos veces junto a la menor sin percatarse de la situación.
El análisis del Dicat indica que el cuerpo de la niña permaneció unos 30 minutos en el fondo de la piscina hasta que otro estudiante lo avistó y alertó a los adultos. Durante ese tiempo, según el expediente, otra de las imputadas, Vilma Altagracia Vargas Morel, permanecía utilizando su teléfono celular.
Las cámaras de seguridad registraron que ninguna de las maestras revisó el área ni verificó el estado de los menores en el agua.
La respuesta ante la emergencia también estuvo marcada por irregularidades. Cuando se sugirió llamar al 911 a las 10:20 a. m., la orientación fue contactar primero a la dirección del colegio. La madre de Stephora fue notificada más de una hora después del hecho y, al llegar cerca del mediodía, se le informó erróneamente que la niña estaba recibiendo atención médica, aunque ya había fallecido.
El Ministerio Público subraya que la actividad “Agasajo Guardia de Honor” violó la Orden Departamental 09-2009, que prohíbe excursiones escolares a ríos, playas, lagos y piscinas. Además, la Hacienda Los Caballos —donde ocurrió el hecho— carecía de salvavidas, señalización, rutas de evacuación y protocolos de emergencia, según un informe de la Defensa Civil. A esto se suma que el colegio no verificó si los estudiantes sabían nadar; la madre declaró que su hija no sabía y que nunca recibió detalles sobre la profundidad del área.
En el audiovisual analizado por las autoridades se observa que al menos cinco niños presenciaron el momento en que Stephora pedía ayuda sin alertar a las maestras, lo que la Fiscalía atribuye a la falta total de supervisión.
Por el caso, la Fiscalía de Santiago solicitó medidas de coerción contra cuatro integrantes del equipo directivo y docente del Instituto Leonardo Da Vinci: Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela Altagracia de las Mercedes González, Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel. Se les acusa de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores, además de violaciones al Código de Niños, Niñas y Adolescentes.
Para el Ministerio Público, la muerte de Stephora fue consecuencia directa de una excursión ilegal, un ambiente sin condiciones de seguridad, la omisión de auxilio y una supervisión negligente que dejó sin protección a los estudiantes.