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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó este martes someter a un proceso de consulta pública la modificación al reglamento de la ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.
De acuerdo a la información, la consulta anunciada por la Suprema Corte se extenderá desde hoy hasta el 26 de febrero.
En el contexto de la propuesta se destaca la incorporación de un sistema de carpetas digitales organizadas por materia y jurisdicción que permitirán la gestión integral de los expedientes judiciales entre jurisdicciones y órganos no jurisdiccionales, lo que se define como un mapa del caso, con el objetivo de evitar multiplicidad de trámites, informó la SCJ en un comunicado.
Esta herramienta permitirá a los usuarios -cuando ejerzan una acción o recurso determinado- integrar automáticamente los documentos a la carpeta digital del expediente que se encuentra en el tribunal donde se realiza el trámite.
«Es decir», agregó la información, «los documentos que cursen en un expediente no tendrán que repetirse al realizarse otras actividades jurisdiccionales o administrativas».
La plataforma digital también incluirá un sistema en línea para el pago de tasas e impuestos vinculados a las decisiones judiciales, con transferencias automatizadas a las instituciones competentes y la emisión de un registro civil de las decisiones en los casos que aplique, garantizando «interoperabilidad» y trazabilidad en estos procesos.
Las decisiones judiciales firmadas digitalmente tendrán plena validez jurídica, eliminando la necesidad de emitir copias certificadas físicas, puesto que así resulta del mandato de la ley 339-22, sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en 2022.
La Suprema afirmó que desde la propia plataforma se proveerá la enumeración digital automática correspondiente, lo cual implica el abandono del sistema manual o análogo que actualmente es el que se aplica, que genera ralentización y deficiencia.
En lo relativo a las audiencias virtuales, la propuesta del reglamento establece que, una vez convocadas en este formato, se mantendrán en dicha modalidad hasta el día de la celebración, si la parte adversa no presenta objeción. El día de la audiencia el tribunal decidirá lo que proceda en virtud de lo establecido en la ley que regula la materia.
El proyecto incluye, además, un sistema para la emisión de certificaciones digitales que permitan dar constancia del estatus de los expedientes y constancias de no recurso.