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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes las amenazas lanzadas por disidencias de las FARC, encabezadas por alias “Calarcá”, contra periodistas y trabajadores de Noticias Caracol, luego de que el medio divulgara una investigación que revela presuntos vínculos entre ese grupo armado y altos funcionarios del Estado colombiano.
Según el comunicado de la SIP, las intimidaciones surgieron tras la emisión, el pasado 23 de noviembre, de un reportaje que expone supuestas alianzas entre el denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes y agentes de seguridad, así como figuras del ámbito político.
De acuerdo con Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación analiza dispositivos electrónicos incautados en 2024, los cuales contendrían información de “extrema gravedad”. Estos hallazgos han derivado en seis líneas de investigación relacionadas con la presunta cooptación de miembros de inteligencia y del Ejército, amenazas a la seguridad nacional, financiamiento electoral irregular y la creación de empresas de vigilancia ligadas a estructuras criminales.
La SIP advirtió que un video difundido por voceros de las disidencias —participantes en los diálogos con el Gobierno— en el que acusan a periodistas de ser “actores del conflicto armado” constituye una agresión directa a la libertad de expresión. La organización señaló que este tipo de mensajes busca desacreditar la labor informativa y pone en grave riesgo la vida de los comunicadores.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, instó al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, a rechazar públicamente las amenazas y defender el ejercicio libre del periodismo.
A su vez, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el “riesgo extremo” que enfrentan los equipos de Noticias Caracol y los periodistas que cubren actividades de grupos armados, rechazando la estigmatización contra quienes ejercen la labor informativa.
La SIP recordó que, en varias regiones de Colombia, los grupos armados ilegales mantienen restricciones y hostigamientos que deterioran el ejercicio del periodismo y fomentan la autocensura.