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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como una “acción extrema” el allanamiento realizado por el FBI en la vivienda de una periodista de The Washington Post, al considerar que la medida “envía un mensaje preocupante” para el ejercicio del periodismo y la protección de las fuentes.
En un pronunciamiento, la SIP expresó su “profunda preocupación” por el registro efectuado en la casa de la reportera como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener documentos clasificados. Los agentes federales incautaron dispositivos personales y de trabajo.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que estas acciones, “cuando involucran directamente a periodistas en el ejercicio de su labor informativa, constituyen una acción extrema que puede vulnerar principios fundamentales de la libertad de prensa”.
“El allanamiento de la vivienda de una periodista y la incautación de materiales de trabajo envían un mensaje preocupante que puede generar un efecto disuasorio tanto en los periodistas como en sus fuentes”, agregó Manigault.
La reportera es Hannah Natanson, quien cubre la Administración de Donald Trump para The Washington Post y formó parte del equipo ganador del Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio.
Según el diario, Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda y confiscaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente.
Una investigación ajena
El FBI no investiga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas acusado de sustraer información de inteligencia. Aun así, el periódico calificó la medida como “inusual y agresiva”, ya que no es común que se registren casas de periodistas en casos de filtraciones.
Advertencia institucional
Manigault subrayó que “la investigación de eventuales filtraciones de información no puede derivar en acciones que intimiden, criminalicen o inhiban el trabajo periodístico”.
La SIP recordó que en su último informe sobre EE.UU. documentó que, durante el segundo mandato de Trump, se han intensificado ataques contra los medios, con demandas y presiones que “envalentonan a agencias federales”.
En abril, la fiscal general Pam Bondi anuló una política previa que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar fuentes confidenciales.