La directiva del Sindicato de Choferes de la Provincia La Altagracia (Sichoprola) denunció públicamente la operación de una presunta red criminal en la región Este del país, que estaría actuando bajo la apariencia de una organización sindical y con el presunto apoyo de autoridades judiciales y exfuncionarios del Ministerio Público en Salvaleón de Higüey, Provincia La Altagracia.
De acuerdo a declaraciones de Leonte Torres Jiménez, secretario general de Sichoprola, dicha estructura estaría compuesta por individuos deportados desde los Estados Unidos por distintos delitos, así como personas vinculadas al narcotráfico. Se acusa directamente a la jueza Karina Colomé Abreu de favorecer los intereses de esta red al ignorar decisiones judiciales firmes y priorizar certificaciones cuestionables emitidas por la Federación Autónoma Clasista (CASC).
Entre las decisiones judiciales desestimadas por la magistrada Colomé Abreu se encuentran:
Sentencia No. 633-2017 de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís
Sentencia No. 001-033-2018 de la Suprema Corte de Justicia
Sentencia No. 651-2023-SSEN-00369, que ratifica a Leonte Torres Jiménez como secretario general de Sichoprola.
Sentencia No. 2013-09-328, que ordena al asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo, Guido Cabrera Martínez, rendir cuentas sobre bienes y fondos pertenecientes al sindicato
Asimismo, se denunciaron la firma de un contrato de cesión de inmueble, donde Juan Contreras Martínez, Yuni Castro Montilla, Guido Cabrera Martínez y Eloy de Jesús transfirieron de forma irregular todos los bienes de Sichoprola a la Asociación de Propietarios de Transporte de la Provincia La Altagracia (APTPRA) y su grupo afiliado, sin contar con autoridad legal para ello.
En el expediente también constan la certificación del acta de audiencia No. 01053/2016, en la cual los propios Juan Contreras y Yuni Castro admiten que los bienes de APTPRA pertenecen a SICHOPROLA, así como copias de cheques depositados en cuentas a nombre de APTPRA y particulares, que originalmente eran fondos sindicales.
A pesar de que los querellantes han depositado 62 pruebas documentales ante el tribunal, la jueza Karina Colomé Abreu rechazó la imposición de medida de coerción alegando falta de pruebas, decisión que será apelada.
SICHOPROLA convoca a todos los medios de comunicación a acompañarlos este jueves 22 de mayo a las 9:00 a.m. en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción contra los presuntos implicados en este entramado delictivo.
Hicieron un llamado al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, así como al Consejo Superior del Ministerio Público y al Consejo del Poder Judicial, para que se garantice la transparencia y no se permita que el tráfico de influencias siga protegiendo al crimen organizado en el sector transporte de la provincia La Altagracia.
Por. Junior Noticias